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Analizarán los riesgos políticos para las empresas en América Latina

15 julio, 2019 • Empresas

No es lo mismo ser un empresario en un ambiente con gobiernos como los de Nicaragua o Venezuela, o en Panamá o Chile, tampoco si es un régimen conservador, interventor o liberal, transparente u opaco, a esas condiciones del entorno se les considera “riesgos políticos”, una de las consideraciones que debe tener un inversor antes de arriesgar su capital.

Ese será el centro del debate que liderará la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) el próximo lunes 22 de julio, cuando se celebre el Encuentro Anual por la Libertad Económica, en el que contará con la visión de la expresidenta costarricense Laura Chinchilla (2010-2014), presidenta de Analítica Consultores, el experto Kevin Casas, exvicepresidente de ese país (2006-2007) abogado, politólogo y director de la misma empresa, y el economista y administrador de empresas panameño Felipe Chapman, socio director de Indesa.

El escenario en el que se celebrará este encuentro cobra especial relevancia para la iniciativa privada panameña, pues se ha iniciado un nuevo gobierno, de corte socialdemócrata luego de una década de administraciones liberales y populistas, y es el retorno al poder del tradicional Partido Revolucionario Democrático (PRD) tras dos periodos fuera, con Laurentino “Nito” Cortizo como presidente y que se define como “el primer obrero y el primer policía del país”.

Además, es el momento en el que se inicia, por mandato constitucional, la negociación para la revisión del salario mínimo, al que ponen reparos ciertos sectores empresariales, por la evidente desaceleración de la economía nacional que se arrastra desde el quinquenio pasado, mientras la ministra de Trabajo, Doris Zapata, ya comenzó acercamientos con las plataformas sindicales en aras de mantener “la paz social”.

El desempleo ya bordea el 7 por ciento, casi el doble de hace cinco años atrás.

La presidente de APEDE,  Mercedes Eleta de Brenes, adelantó que la cita es un paso más en cumplir con la misión de ese gremio de “velar por la libre empresa como camino hacia la sostenibilidad de nuestro país”, asegurando un adecuado “retorno económico” a sus inversiones.

Los sindicatos ya han insinuado que la revisión del salario mínimo debería convertirse en una alza general de salarios en el país, por lo que vienen clamando desde hace décadas, mientras los empresarios recalcan que es la productividad y la competitividad lo que permitirá mejorar las condiciones laborales generales.

Además, se dan en medio del debate por la iniciativa de Cortizo, un empresario ganadero, de crear la Ley de Asociaciones Público Privadas, aplaudida por el sector patronal, pero repudiada por los sindicatos y la izquierda panameña, que la define como una maniobra para la “privatización encubierta”.

Tras los recientes señalamientos del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), en los que aseguran que las Asociaciones Público-Privadas (APP) representan una privatización de la gestión pública, Eleta rechazó tal conjetura y que, por el contrario, permiten la inversión privada nacional y extranjera en alianza con el gobierno para atender temas prioritarios para el país en infraestructura y desarrollo.

Según Eleta de Brenes, “la inversión pública está cerca de tener un techo fiscal que no va a poder permitir atender todas las necesidades y requerimientos del país”, por lo que respaldan las APP porque han sido exitosas en otras países y aseguró que Panamá “no será la excepción”.

Por otro lado, la dirigente razonó respecto al riesgo político, que el esperado retorno de las inversiones “se ve directamente impactado por el entorno político, la seguridad jurídica y la institucionalidad, y éste es el por qué del tema de este año”.

Mariana León, presidenta de la Comisión Libre Empresa y Comercio Exterior de APEDE, terció para exponer que, “el entorno político de un país involucra la manera en la que se desenvuelven las diferentes instancias del gobierno, partidos políticos y actores civiles”.

El economista Pedro Aguilar Moya en su ensayo “El riesgo político en América Latina: Amenaza a las políticas macroprudenciales y el crecimiento económico” expresa que “las políticas macroprudenciales forman parte fundamental de la nueva corriente de regulación internacional, cuyo principal objetivo es la estabilidad de los sistemas financieros”, lo que le permitió a la región sortear las consecuencias de la crisis económica global de 2008.

Pero, advierte, Latinoamérica “enfrenta el siglo XXI en medio de un riesgo político, caracterizado por gobiernos populistas que amenazan la aplicación de las políticas macroprudenciales, y con ello, exponen a los países a efectos negativos en la estabilidad de las economías y su crecimiento económico”.

La clave es una institucionalidad fuerte que pase por encima de visiones partidistas, y un sistema de cooperación y alerta temprana entre países para prevenir riesgos.

En las primeras aproximaciones teóricas del riesgo político, el concepto estaba más enfocado a la relación entre cambios drásticos en las políticas gubernamentales y sus efectos adversos para el clima de negocios. Por ejemplo, Kobrin (Demision, 1995) definió el riesgo político como “las acciones gubernamentales (…) que interfieren en las transacciones económicas, cambios en los términos de los acuerdos y expropiaciones”.

Una definición aún más complementaria es la de Vab Agtmael (Demision, 1995) donde el riesgo político es “la exposición a pérdidas económicas debidas a la inestabilidad política, nacionalización, o el cambio político”. Es precisamente a partir de este enfoque de cambio político, donde recobra importancia el riesgo político en la coyuntura política actual de los países de América Latina. 

A la vez, para analizar el riesgo político, destaca la definición que Coppin (Demision, 1995) establece para describir el riesgo político de acuerdo a 4 componentes: cambios políticos, restricción a los negocios internacionales, política comercial y política económica, explica Aguilar.

En Latinoamérica el populismo, de izquierda o derecha, no está muerto, prueba de ello es la gestión de los dos últimos gobiernos de Panamá.

Por populismo se entiende “un enfoque al análisis económico que hace hincapié en el crecimiento y la redistribución del ingreso, y minimiza los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas “agresivas” que operan fuera del mercado”. (Edwards & Dornbusch, 1989).

Los científicos identifican 4 fases en las cuales el populismo se desarrolló como modelo en los países latinoamericanos: euforia y triunfalismo, comienzo de problemas, crisis y colapso y austeridad. ¿Está Panamá al borde de la austeridad?

La corrupción, la violencia común, la delincuencia de cuello blanco impune, son factores a considerar en el riesgo político también, porque crean inestabilidad e insatisfacción social porque se percibe que no hay castigo para el poderoso.

Al actualizar su mapa de riesgo político para 2019, la consultora global Marsh reportó una mejora significativa en varios países de América Latina, entre ellos Guatemala, Chile y Paraguay, que exhibieron los mayores aumentos en sus índices de riesgo político a corto plazo (STPRI), divulgó el portal BNamericas. 

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