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Cuatro proyectos de ley claves en manos de la Asamblea

1 octubre, 2018 • A Fondo

Con una Asamblea en contra y en medio de elecciones primarias,  el órgano Ejecutivo intenta que le aprueben, en menos de un mes, el Presupuesto del Estado para el 2019, la ley de responsabilidad fiscal, la ley del Fondo de Ahorro Panamá y un nuevo código Tributario.

El panorama no es alentador, porque en el caso del presupuesto la Asamblea está en contra principalmente por el recorte de presupuesto de US$70 millones,que le aplicó el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que ha traído a la palestra pública la posibilidad que los diputados no aprueben el presupuesto 2019, para que se repita el del 2018, que es mucho más alto. 

En tanto, el viceministro de Economía, Gustavo Valderrama, sustentó ante la Asamblea Nacional las modificaciones específicas, sus propósitos y los beneficios para la sana administración de las finanzas públicas de los proyectos que reforman la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) y la Ley 38 de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).

El viceministro de Economía, reiteró que “de no aprobarse las modificaciones, dejamos pasar una oportunidad importante para continuar la ruta de fortalecimiento institucional y transparencia; y recalcó que se puede continuar trabajando con el presupuesto 2018, pero sacrificando el impulso adicional a proyectos de infraestructura que ya se encuentran en ejecución y su impacto en la economía, que disminuyó su crecimiento en el último trimestre”.  El multiplicador más eficiente, de acuerdo a nuestro modelo económico como país, y avalado por la CEPAL, es la activación de proyectos del sector público. Una contención de gasto, lo que haría es reducir más la economía.

Con los cambios propuestos a la LRSF se simplifica la metodología del cálculo del balance fiscal, haciéndolo más transparente al eliminar la regla de ajuste de aportes del Canal y establecer el déficit fiscal en un promedio quinquenal de 1.67% del Producto Interno Bruto (PIB). Cabe resaltar que en el 2014, se encontró un déficit fiscal elevado logrando cerrar el mismo en 3.2%.

La modificación a la Ley 34 de 2008 permitirá, además, limitar el incremento del gasto corriente del Sector Público No Financiero (SPNF), excluyendo el gasto en salud y pago de intereses de la deuda y fijar la regla de aportes del Canal de Panamá al FAP. Igualmente, el 50% de las contribuciones del Canal de Panamá que superen el 2.5% del PIB serán transferidas al FAP y se capitalizará los intereses generados del FAP hasta que el patrimonio represente un 5% del PIB, fortaleciendo a este Fondo, creado como un instrumento de apoyo financiero en caso de desastres naturales y desaceleración económica. 

 

Beneficios del Fortalecimiento de la LRSF

El país recibirá importantes beneficios del fortalecimiento de la LRSF, entre ellos, ayudar a robustecer y mejorar la calificación de riesgo de Panamá, lo que inmediatamente favorece a las empresas y a la población en general que pagarán menores tasas de interés por sus créditos.  De esta manera, Panamá seguirá figurando entre los países líderes de la región en cuanto a buena disciplina fiscal, incluyendo a sus pares con calificación de grado de inversión.  El país mantendrá su estabilidad de la economía, aún en entornos poco favorables y se dará continuidad a proyectos que ya están en funcionamiento, lo que garantiza mantener empleos en obras de infraestructura pública durante periodos de transición. 

Las modificaciones a la LRSF, garantizan, además, aumentos del gasto de capital para inversión pública que resulta en crecimiento económico y más trabajo para los panameños.  Igualmente, limita el gasto de operación y administración del Gobierno, aumenta los aportes al Fondo de Ahorro de Panamá, establece una regla fiscal más simple y que aporta transparencia, reduce la proporción de la deuda pública sobre el PIB y mantiene un crecimiento responsable y sostenible de la economía.

“El fortalecimiento de la LRSF se da como resultado de un esfuerzo nacional. Invitamos a todos los panameños a analizar y valorar esta propuesta en su justa dimensión.  Fortalecer el marco de Responsabilidad Social Fiscal de Panamá es para beneficio de todos los panameños”, indicó al presentar los proyectos en la Asamblea la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla. 

Previo a esta segunda presentación, el MEF realizó un amplio proceso de presentación y consultas con los sectores productivos de la sociedad que incluyeron al CONEP, la CCIAP, la APEDE, el SIP, la CAPAC y SUNTRACS. 

“Presento un proyecto de Ley que con su apoyo y aprobación mejorará la transparencia, previsibilidad, la comunicación del impacto de la política fiscal en la economía nacional.  El primer obstáculo a superar, será podernos levantar por encima de cualquier interés político y asumir una visión país que vaya más allá de una fecha electoral, que garantice que Panamá siga por los rumbos de bienestar que han marcado los últimos años. Nuestro propósito como ministerio es claro; traspasar las finanzas del Estado en condiciones robustas y transparentes, sabiendo que lo que hoy se decida, responde a beneficios en el mediano y largo plazo, y no a intereses políticos.” puntualizó la ministra.

 

Código Tributario

Por otra parte, también se presentó a la Asamblea el proyecto de ley para establecer el nuevo Código de Procedimiento Tributario que busca regular la relación fisco-contribuyente en el cual impera el principio de igualdad entre las partes. 

“Los más beneficiados serán los contribuyentes a quienes se les agilizará la devolución de impuestos y en casos muy especiales con intereses, mediante una partida presupuestaria especial para este tipo de montos y los que surjan por créditos de incentivos fiscales.  Además, se podrá realizar la compensación de cuentas pendientes de los proveedores del Estado”, anunció Eyda Varela de Chinchilla, ministra de Economía y Finanzas.

El proyecto de Ley 043-18 “que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá”, fue propuesto por el Tribunal Administrativo Tributario (TAT) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien a su vez lo presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El mismo surge como resultado de una consultoría efectuada con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundamentado en el modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, así como en el derecho comparado y las diferentes normas nacionales actualmente vigentes.

La Dirección General de Ingresos (DGI) y representantes de los diversos gremios vinculados al derecho tributario nacional, revisaron el proyecto de ley y complementaron con sus aportes las nuevas disposiciones. Entre sus beneficios destaca la coordinación interinstitucional entre DGI y TAT. Este proyecto establece, por primera vez en Panamá, una clara clasificación de los tipos de tributos, definidos por fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como el establecimiento de conceptos y principios que deben regir el sistema tributario panameño para mayor claridad y certeza de todos.

También se establecen principios generales de derecho aplicables al campo del derecho administrativo y de las finanzas públicas. Igualmente, se moderniza la comunicación entre Administración Tributaria y los contribuyentes para que la misma sea más efectiva mediante notificaciones directas al personal de empresas contribuyentes, garantizando la transparencia a su favor.

El proyecto de ley contiene las bases para establecer los procesos que serán competencia de la Administración Tributaria y los que serán competencia del Ministerio Público (MP) frente a los ilícitos tributarios, una vez aprobada la ley que defina la defraudación fiscal como delito. Asimismo, se mantienen las mismas facultades que tiene la DGI, tales como el cobro coactivo, sanciones, fiscalización, adopción de medidas cautelares preventivas, garantizando la recaudación de Tributos. 

En este proyecto, se crea la figura de los Juzgados Tributarios Unipersonales de Primera Instancia, que estarán adscritos a la DGI y a la Defensoría del Contribuyente, adscrita al MEF. El propósito será garantizar los derechos procesales de los obligados tributarios en las actuaciones o gestiones ante la DGI y el Tribunal Administrativo Tributario.  Igualmente, se descongestionará la mora de expedientes sin resolver, en recursos de reconsideración, que va en detrimento de los contribuyentes y de la propia administración, al mantener en suspenso por periodos excesivos la definición de los montos realmente a recaudar por el fisco y el reconocimiento de los derechos de los contribuyentes.  

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