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Desafío y bonanza en el panorama del nuevo gobierno de Panamá

6 mayo, 2019 • A Fondo

Apagada la retórica y los discursos demagógicos, el presidente electo de Panamá encontrará el próximo 1 de julio un país de salida de la desaceleración económica, flamantes megaobras recién inauguradas, pero también una exigencia de rectificar la política fiscal, reformar la seguridad social, reflotar el agro y dictar una nueva Constitución.

Estas son algunas de las tareas para el próximo quinquenio que el nuevo gobernante deberá manejar en los primeros cien días de ocupar la casa de gobierno, si no quiere sumir a la sociedad panameña en un estado de tensión y protesta callejera.

De acuerdo con las prestigiosas agencias calificadoras de riesgo, no hay tal “desastre económico” que pregonaban algunos candidatos en la contienda electoral, porque si fuese así en las últimas semanas y en medio de la campaña no le habrían elevado el grado de inversión y la calidad al riesgo país, lo que hace más fácil atraer inversiones.

Ya de por sí el año pasado Panamá bordeó los 6.000 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), lo que da una idea de la confianza que trasmiten los fundamentos de la economía nacional.

La agencia Standard and Poors (S&P) mejoró la calificación de Panamá de BBB a BBB+ con perspectiva estable, al considerar “el crecimiento económico sostenible” y los “esfuerzos de fortalecimiento de la transparencia y las regulaciones del sistema financiero”.

El Ministerio de Economía y Financias (MEF) indicó que la calificadora de riesgo “tiene la expectativa de que la siguiente administración continúe los recientes esfuerzos de fortalecimiento en regulación, política fiscal y transparencia”.

“Panamá cuenta con una economía diversificada que ha contribuido al crecimiento económico sostenido del producto interno bruto (PIB), por encima del ritmo de los países pares”, comentó S&P.

La diversificación económica “también ha permitido que se duplique el ingreso per cápita en la última década. El PIB per cápita ha crecido en promedio 3,7 % en los últimos 10 años y es probable que alcance 16.000 dólares en 2019”, dijo la agencia.

El MEF señaló que “las calificaciones están respaldadas por bajo nivel de endeudamiento y la amplia flexibilidad fiscal, reflejando la prudente gestión fiscal y de la deuda”.

Panamá recibió en el primer cuatrimestre de este año su segundo aumento de grado de inversión, siendo el primero otorgado por Moody’s. Desde el 2012 Panamá, no recibía aumento de grado de inversión, añadió el Gobierno.

Si bien es cierto que el gobierno saliente de Juan Carlos Varela enfrentó la desaceleración con medidas contracíclicas como acometer las megainversiones de la segunda línea del metro, terminar la ampliación del aeropuerto internacional de Tocumen, del más grande centro de convenciones en Centroamérica, entre otras, ello no flageló la economía porque no se rebasó el límite del 40 por ciento de la relación PIB/Deuda, que hoy es de unos 26.000 millones de dólares.

Panamá cerró el 2018 con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 3,7%, la tasa más baja desde 2009 (2,4 %), lo que ubicó el indicador en términos nominales en 65.055,1 millones de dólares y el déficit fiscal en el 2%.

Varela dejó al nuevo gobernante en marcha la construcción del cuarto puente sobre el Canal, un megaproyecto de 1.420 millones de dólares sobre el que pasará la tercera línea del metro hacia La Chorrera y generará unos 3.000 empleos.

A cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, la obra sera clave para continuar otros proyectos, destacó el mandatario panameño durante el acto de la primera palada que tuvo lugar en el muelle 6 de Balboa (Pacífico).

El gobernante dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya hicieron el primer pago de 67,9 millones de dólares al contratista.

El titular de Obras Públicas detalló que el cuarto puente tendrá una altura mínima sobre el canal de navegación de 75 metros, 6 carriles para vehículos, 3 por cada sentido, y doble vía para la Línea 3 del Metro de Panamá, que conectará las ciudades de Arraiján y La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, con el centro de la ciudad.

Además, dejará encaminado el megapoyecto de tren rápido entre Ciudad de Panamá y David, parte de “La Ruta de la Seda”, un plan que impulsa China en el mundo y en este caso significa una inversión por 4.100 millones de dólares.

Otro escenario propicio será la avanzada negociación de un tratado de libre comercio con el gigante asiático, que ya lleva cinco rondas de conversaciones, y en el camino ya ha facilitado que el mercado chino de carnes rojas, pescado y frutas permita la llegada de exportaciones panameñas.

Seguir la lucha contra la corrupción que inició Varela también es un legado y tarea pendiente, pero los principales candidatos aclararon que dejarán en manos de la administración de justicia hacer su papel sin ninguna intervención del Ejecutivo.

Una demanda pendiente, que sí se va a cumplir, es reformar radicalmente la Ley de Contrataciones Públicas para inhabilitar a las empresas que estuvieran involucradas en casos de corrupción, como la brasileña Odebrecht.

Tras más de un lustro de desaceleración económica, adjudicada por distintos expertos a un ciclo histórico, el relanzamiento de la economía de Panamá plantea al nuevo Gobierno el reto de apuntalar la política fiscal para mejorar, entre otros, la recaudación.

El economista Rolando Gordón recomendó al nuevo Ejecutivo emprender una lucha frontal contra la evasión fiscal, que “supera actualmente el 35 %”, antes de pensar en aplicar nuevos tributos, coincidiendo con el análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), pues el peso de la recaudación tributaria, del 10 por ciento del presupuesto, es uno de los más bajos en Latinoamérica.

Claro que ese aporte es compensado por los ingresos que genera el Canal de Panamá, que ya se acercan a los 2.000 millones de dólares anuales, pero los expertos advierten que el país debe reforzar su recaudación fiscal para no depender de una sola fuente de ingresos directos.

Refinanciar la deuda pública, para aliviar la presión sobre el presupuesto y tener liquidez, será otra de las tareas, según el expresidente del Colegio Nacional de Economistas Adolfo Quintero.

La deuda del sector público no financiero de Panamá se ubicó en 25.893 millones de dólares al cierre de marzo pasado, lejos de los 21.601 millones de 2016 o de los 23.373 millones de 2017.

Los expertos coinciden en que se requieren grandes recursos para la reactivación de sectores como la agricultura y la construcción,  claves para dinamizar la generación de empleo en el corto y mediano plazo y reducir la tasa de desocupación, que ya amenaza con alcanzar  el 7%.

La reactivación agrícola, un sector que está en su mínima expresión desde hace décadas y no alcanza el  3% del PIB nacional,  pese a generar más de 125.000 empleos, puede encontrar un aliciente si se logra el TLC con China, consideran Quintero y Gordón.

Será ineludible para el nuevo gobernante tomar la reforma del Seguro Social como una tarea inmediata porque los números del programa de Invalidez, Vejez y Muerte indican que este quinquenio se tiene que proveer de nuevos recursos o entrará en déficit comiéndose las reservas con las pensiones para unos 200.000 ancianos. 

“Hay que ver cómo salir del problema de la Caja del Seguro Social, hay que transformar la ley (que la rige) y tomar decisiones, porque eso significará si el Estado va a darle o no más dinero, si se va a subir la cuota obrero-patronal”, dijo Gordón.

El Fondo Monetario Internacional ha insinuado que es necesario revisar al alza las cuotas obrero-patronales y la edad de jubilación (62 para hombres y 57 para mujeres).

A esa tarea ingrata, por su alto costo político, se agrega la necesaria reforma al sistema educativo para nivelar a la juventud panameña con las exigencias del mercado laboral mundial, si el país pretende ser un centro logístico de trascendencia, aprovechando su privilegiada posición geográfica.

Panamá ha avanzado mucho en la arquitectura del hub logístico, pero no tiene la masa crítica de conocimiento y formación en su juventud profesional y técnica, algo que el gobierno de Varela empezó a remediar con modernos institutos de formación, pero apenas se ha empezado una promoción y tomará tres años que salga al mercado laboral.

Ello explica, en parte según el Banco Interamericano de Desarrollo, la migración laboral hacia Panamá, porque las empresas no consiguen mano de obra calificada, y que también los profesionales extranjeros ganen mejores salarios que los panameños, por su formación más actualizada.

Los siete candidatos presidenciales coincidieron en la necesidad de un cambio a la Constitución vigente desde 1972 – una de las promesas incumplidas de Juan Carlos Varela- pero discrepan en el método.

La Carta Magna vigente establece para su reforma la vía parlamentaria, es decir, mediante la aprobación de las reformas por dos distintas legislaturas y un referendo, o sea que en el segundo año de mandato se podría realizar la consulta pública si de inmediato se acomete la discusión.  O que dos asambleas distintas lo hagan, lo cual tomaría seis años.

La otra posibilidad legal es la instalación de una Asamblea Constituyente Paralela, cuya instalación no anula al Parlamento. 

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