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Disponibilidad de recursos tensa el traspaso del poder en Panamá

17 junio, 2019 • A Fondo

Todo transcurría con fluidez hasta que el contralor general de Panamá, Federico Humbert, se reunió con el vicepresidente electo panameño, José Gabriel Carrizo, y su comitiva, cuando saltó la tensión por saber la real disponibilidad de recursos económicos con que cuenta el país a partir del 1 de julio, día en que toma posesión Laurentino “Nito” Cortizo.

Carrizo, luego de ese encuentro, marcó la pauta al “exigir” al gobierno saliente entregar todas las cuentas claras en el Estado, institución por institución, porque al gobierno de Cortizo le tocará lidiar en el segundo semestre del año con lo que le deje en caja el presidente saliente, Juan Carlos Varela, quien se enojó y se quejó públicamente por el desplante del futuro vicepresidente.

El próximo vicepresidente habló de un “hueco” en las finanzas públicas y Cortizo estipuló que necesitaba “cifras reales” y que confiaba en que el gobierno saliente no iba a maquillar cifras.

Según la ministra saliente de Economía y Finanzas (MEF), Eyda Varela de Chinchilla, la administración Cortizo recibirá el próximo 1 de julio proyectos de infraestructura con inversiones calculadas en 10.000 millones de dólares.

Estos 10.000  millones en proyectos de inversión para la próxima y futuras administraciones van a generar 40.000 puestos de trabajo en el sector construcción, dijo Varela de Chinchilla,

“Se traspasan obras bien licitadas que redundarán en la calidad de vida de todos los panameños” y se “reducen 2 años de tramitología burocrática a la nueva administración”, indicó.

Pero lo que el gobernante electo y su equipo exigen es saber cuánto de flujo de dinero tiene el Estado para pagar a corto plazo los atrasos a proveedores, por 1.000 millones de dólares, para “reactivar la economía” dado que esa inyección de capital permitiría un cierre de año adecuado.

Las Vigencias Expiradas del 2015 al 2018 ascienden a 365,35 millones de dólares. De este total 322,92 millones o el 88 % corresponden a proveedores privados del Gobierno Central. Del total de cuentas por pagar a proveedores privados, 219,61 millones o 60%, corresponden a Retención de Garantías, según lo que explicó la ministra.

Además hay que sumar lo que se adeuda al 30 de abril de 2019, que ya asciende a 335 millones de dólares, que según la ministra se pagan a los 90 días en promedio, luego de la “tramitología”.

A ello hay que agregar cuentas por pagar fuera de presupuesto, que solo en las cinco principales instituciones del Estado acumulan otros 200 millones de dólares y que, según Economía y Finanzas, es responsabilidad de cada institución y que deben pasar la información al gobierno entrante porque “nunca” ha sido su función “tener acceso a información no presupuestada y comprometida por instituciones”.

También tiene que tomar en cuenta los “Contratos Llave en Mano” que heredará por 3.056 millones de dólares (2.611 millones de nuevos proyectos), que suman a la cuenta de los 27.000 millones de dólares que tiene de deuda pública el Estado panameño, que son equivalentes al 36,5 por ciento del PIB, de acuerdo con la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo que le da al país margen de maniobra.

Se supone que de los 26.000 millones del presupuesto de 2019, la mitad debe quedar para ejecutar por parte del gobierno entrante, algo que Cortizo “espera” que se cumpla, según adelantó en una entrevista, en la que también precisó que impondrá el control del gasto, eliminando contrataciones y viáticos, reduciendo los viajes, “ajustando el cinturón” y exigiendo eficiencia, transparencia y productividad. 

Cortizo va a recibir en marcha la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, el ensanche del Puente de las Américas, el nuevo hospital Oncológico, la Ciudad Hospitalaria, la parte final de la Línea Dos del Metro y la tercera Línea del Metro de la capital, así como ensanches de vías y autopistas y la edificación de tres represas de agua para el área metropolitana, entre otros.

El crecimiento de la economía refleja cifras de 5,7 % de 2014 a 2015, 5 % de 2015 a 2016, 5,3 % de 2016 a 2017 y 3,7 % de 2017 a 2018 con una inflación de menos de 1 % en todos los años, detalló la ministra.

La proyección de crecimiento por parte del MEF para 2019 es a la baja de 5,3 %, producto de una menor actividad económica en el primer trimestre. Según la agencia de calificación Moody’s la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y si la reactivación de la construcción no se da como se proyecta, puede ralentizar la expansión.

La ministra también indicó que en el segundo semestre se espera un repunte con el arranque de exportaciones de cobre por la empresa Minera Panamá y la plena operación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, que duplica su capacidad para atender 20 millones de pasajeros y es clave para el impulso del sector turismo.

Las primeras previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntaban a una expansión del producto interno bruto (PIB) panameño de un 5,6 % en el 2018, pero el indicador fue revisado a la baja tras la huelga de un mes en el sector de la construcción y el debilitamiento de la actividad económica. Quedó en 3,7 %.

El FMI dijo en diciembre pasado que prevé una aceleración del crecimiento de la economía panameña este 2019, entre otros factores por la entrada en operación de la mina de cobre de Donoso (Colón) con una inversión de 6.300 millones de dólares, y la recuperación del sector de la construcción.

“Posteriormente el crecimiento de la economía panameña convergerá a su potencial de 5,5% en el mediano plazo”, vaticinó el FMI.

El gerente general saliente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rolando de León de Alva, explicó que no veía ningún riesgo que la economía del país sufriera un retroceso en la calificación de grado de inversión que goza porque sus finanzas son sólidas, aunque “recomendó” que el gobierno entrante ponga énfasis en “el control del gasto público, en cobrar los impuestos en vigor”, antes que estar barajando alternativas como subir los impuestos.

De León explicó que en el primer semestre del año el gobierno de Varela usó unos 350 millones de dólares de una línea de crédito que ofrece el BNP al Estado para financiarse y que se repaga en corto plazo. Quedará en manos de Cortizo si acude a esa facilidad, que llega hasta los 500 millones de dólares, o acude a los mercados internacionales para fondearse, si es necesario.

También anticipó que es posible que en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se celebra esta semana, Panamá vuelva a la Lista Gris de países que no cumplen con los estándares internacionales, algo sobre lo que Cortizo está pendiente y consciente porque desde antes de ganar las elecciones del pasado 5 de mayo ya había anunciado como una de sus primeras medidas, formar un equipo multidisciplinario de alto nivel para limpiar la imagen internacional que persigue al país de paraíso fiscal.

De incluirse al país en esa lista será porque no ha alcanzado un nivel satisfactorio de cumplimiento en los sectores no financieros ) abogados, contadores, corredores de bienes raíces, etc.) Incluidos en 2014 dentro de las normas de prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva, ni en las que comprometen al país en la persecución de la evasión fiscal y la erosión de la base imponible.

Este asunto lo manejó Varela de Chinchilla en su rendición de cuentas como “Algunas áreas que pudiesen requerir mayor progreso en efectividad”, de cara a la evaluación del GAFI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Avance” en la implementación de la Ley 70, aprobada el 31 de enero de 2019 que por primera vez tipificó penalmente el “delito fiscal”, que castiga la evasión superior a los 300.000 dólares con cárcel.

Al respecto dijo que el equipo de Panamá presentó “un caso de cooperación judicial concluido, y uno en proceso”.

Al tiempo reconoció “debilidades” versus el estándar del GAFI de la Ley 70 y que la evaluación de riesgo debe actualizarse “incluyendo el Delito Fiscal”.

Consideró que se debe evaluar si la Intendencia de Sujetos No Financieros creada en 2015 ha mostrado un “avance positivo” en el control de sus supervisados a un nivel “suficiente”.

Otro “detalle” que le queda al equipo económico de Cortizo consiste en evaluar si es efectiva la modificación de la Ley 23 del 31 de enero pasado que especificó una “actualización de información de agentes residentes sobre beneficiarios finales”.

Cinco proyectos de ley en materia económica le dejan también y estos son:

La Modernización y Competitividad del Sistema Financiero de la República de Panamá (para regular y gravar el negocio financiero electrónico como las criptomonedas), la creación de la Asociación Público Privado, la de Comercio Electrónico y Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e ITBMS mediante la factura electrónica, la Modernización de la Ley de Aduanas y la Propuesta para transferir a la Dirección General de Ingresos (DGI) la recaudación del ISR de empleadores y el Seguro Educativo, que actualmente pasa por la Caja de Seguro Social.    

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