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Estabilidad jurídica como incentivo fiscal

12 marzo, 2018 • Legal y Tributario

Mayra Rodríguez

Consultora

Van a ser casi 20 años cuando se publicó en  Gaceta Oficial No.23,741 la Ley 54 del 22 de julio de 1998, mediante la cual se dictaron medidas para la estabilidad de las inversiones en nuestro país, a fin de poder estimular e incentivar las inversiones de personas naturales y jurídicas cualquiera que sea su nacionalidad, la igualdad de derechos que las establecidas en nuestra Constitución.

No obstante, en el transcurrir de los últimos años muchas empresas han realizado inversiones en nuestro país, pero por desconocimiento de las normas tributarias no han logrado beneficiarse de los incentivos que establece esta norma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Inversiones se les garantiza a los inversionistas la libertad de disposición de los recursos generados por la inversión, de la repatriación de capital, intereses y utilidades derivados de la inversión, así como de la comercialización de su inversión.

Entre los beneficios que se establecen en la Ley 54, se pueden señalar los siguientes:

Estabilidad tributaria en el orden nacional, en otras palabras, frente a impuestos nacionales, en este caso los impuestos directos más no los indirectos.

Estabilidad tributaria en el orden municipal, es decir, que solo podrá variar régimen de tributos municipales aplicable a la empresa bajo la garantía, una vez cada 5 años.

Estabilidad jurídica, es decir, que en la situación donde se dicten nuevas disposiciones que puedan variar los derechos adquiridos bajo el régimen de estabilidad jurídica, estos no sean afectados.

Estabilidad de los regímenes aduaneros derivados de leyes especiales, cuando ellos se otorguen para situaciones de devolución de impuestos, exoneraciones, admisión temporal y otras similares.

Estabilidad en el régimen jurídico laboral, en cuanto a las normas laborales aplicables al momento de la contratación.

Adicionalmente se publicó un año después, el Decreto 9 del 22 de febrero de 1999, el cual reglamenta esta Ley 54 de julio de 1998.  Este Decreto establece que es el Ministerio de Comercio e Industrias al que le corresponde, como representante del órgano Ejecutivo, dictar estas medidas que permitan desarrollar los aspectos regulados por ella y así contemplar el marco jurídico necesario para fomentar y facilitar la inversión privada, en los ámbitos a los que la misma se refiere.

El decreto contempla que la autoridad encargada de fiscalizar la inversión será aquella institución gubernamental que tenga a cargo la responsabilidad de supervisar, fiscalizar o verificar alguna de las siguientes actividades: turísticas, industriales, agrícolas de exportación, agroforestales, minería, zonas procesadoras de exportación, zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicación, construcción, desarrollos portuarios y ferrocarriles o de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y todas aquellas actividades que apruebe el Consejo de Gabinete.

Posterior a este Decreto, se publicó el Decreto de Gabinete No.9 de 2013 el cual agregó las actividades de la empresa con Licencias de SEM (Sedes de Empresas Multinacionales) como aceptables y susceptibles de obtener el registro de estabilidad jurídica.

Así también se presentan algunos requisitos exigidos para la aprobación del Registro de Estabilidad Jurídica como:

La empresa debe inscribirse en DINADE (Dirección Nacional de Industrias y Desarrollo Empresarial) adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, la cual esta facultada para aprobar o no la solicitud.

La empresa debe realizar o mantener una inversión mínima de B/.2,000,000.00 y el proyecto debe completarse en un período máximo de dos años, salvo que la DINADE apruebe una extensión.

La inscripción de la empresa en el registro de inversiones causará un derecho anual de B/.50.00, el cual deberá ingresar a un fondo especial destinado a cubrir necesidades de funcionamiento de la DINADE.

Es importante resaltar que se prohíbe el doble registro de una misma inversión, en otras palabras ninguna persona natural o jurídica puede gozar de beneficios incluidos en esta Ley de estabilidad jurídica sobre inversiones realizadas a empresas que ya posean un registro de inversiones, así tampoco aquellos accionistas que también hayan registrado su inversión el el Registro.

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