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Impulsan en Europa oportunidades de inversión en Panamá

24 junio, 2018 • Economía

Panamá y América Latina como plataformas de  inversión para las inversiones y el uso de las Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura fueron los principales objetivos de la conferencia y reuniones organizadas por CAF, banco de desarrollo de América Latina, en Europa.

Ministros de Economía, Finanzas y de Planificación, representantes del sector privado y expertos de América Latina y España analizaron las oportunidades para la integración latinoamericana a través del desarrollo de infraestructura y el enfoque de corredores logísticos, así como los desafíos y oportunidades de financiamiento de proyectos y programas de inversión.

La Conferencia estuvo dividida en tres sesiones: “Infraestructura para la integración y su impacto en la productividad regional”; “Financiamiento de la infraestructura en sectores prioritarios”; y “El impulso a las inversiones en infraestructura y logística”. 

En el debate sobre las oportunidades de financiamiento e inversión en América Latina participaron Mariana Prado, ministra de Planificación del Desarrollo de Bolivia; Esteves Pedro Colnago, presidente del Directorio de CAF y ministro de Planeamiento, Desarrollo y Gestión de Brasil; Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia; Pilar Más, directora general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Empresa de España; Dulcidio De la Guardia, ministro de Economía y Finanzas de Panamá; Lea Giménez, ministra de Hacienda de Paraguay; Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas de Uruguay; Salvador Marín, presidente de COFIDES; Joan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Juan Béjar, presidente de Globalvía, entre otros.

Durante las sesiones se estableció que para satisfacer el despliegue de redes y servicios necesarios para asegurar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe se requieren niveles de inversión anual en infraestructura que han sido estimados en el orden del 5% del Producto Interno Bruto (PIB). 

En este sentido se destacó el impulso que han tomado las Asociaciones/Participaciones Público-Privadas (APP o PPP) en gran parte de los países de la región, con una alta implicación del sector privado en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura tanto económica como social.

La planificación y la definición de inversiones estratégicas se han convertido en un desafío para el sector público ante las nuevas demandas de los ciudadanos (se estima que para 2050 el 86% de la población en América Latina vivirá en entornos urbanos), que no siempre es posible acometerlas solo con presupuestos públicos, sino que en algunos casos es necesarios utilizar otros modelos disponibles que incorporen la colaboración del sector privado. Todos los gobiernos, entre ellos los sub-nacionales (alcaldías, gobernaciones, provincias), tienen la oportunidad de enfrentar algunos de estos retos a través de las APP para complementar la gestión de las infraestructuras y servicios públicos encomendados. 

CAF desarrolló una publicación llamada “Asociación Público-Privada en América Latina. Guía para Gobiernos Regionales y Locales” donde se definen conceptos básicos sobre qué es y qué no es una APP, se identifican herramientas que permiten evaluar el uso del modelo APP respecto a otras fórmulas posibles y se muestran buenas prácticas y lecciones aprendidas que ayudan a enfrentar el proceso de estructuración de un contrato tipo, los procesos de renegociación o la estructura para una buena gobernanza del contrato.

Mónica López, ejecutiva principal de la Dirección de Análisis y Programación Sectorial de CAF y experta en infraestructura, explicó las ventajas que traen las APP y cómo pueden aprovecharlas los gobiernos sub-nacionales. “Estas asociaciones incorporan el conocimiento técnico y gerencial del sector privado, aportando valor agregado y mayor eficiencia técnica al integrar todas las fases del proyecto (diseño, construcción, financiación, mantenimiento y explotación) y, al mismo tiempo, representan fondos adicionales para los gobiernos, porque posibilitan la realización de infraestructuras socialmente necesarias que no pueden ser llevadas a cabo sólo por el sector público debido a restricciones presupuestarias”.

No obstante, este modelo tiene una serie de requerimientos que pueden ser complejos para su aplicación: involucra a un gran número de actores, se estructura en el medio y largo plazo y tiene una mayor complejidad en la definición y gestión de los contratos, lo que implica armonizar los distintos marcos (institucionales, legales, técnicos, financieros); por ende se hace necesario contar con unas capacidades administrativas adecuadas para la puesta en marcha por parte del sector público.  

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