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La apuesta del próximo gobierno pasa por la deuda pública

1 abril, 2019 • A Fondo

Luis Blanco

El Financiero

El presidente que sea electo el 5 de mayo deberá tener una estrategia para poder contar con los recursos para su plan de gobierno

Al menos US$25.602 millones de deuda pública contratada, US$4.400 millones de proyectos “llave en mano” y US$1.000 millones de pagos morosos a proveedores, heredará el próximo inquilino del Palacio de Las Garzas, o sea que cada uno de los 4 millones de panameños empezará el próximo 1 de julio adeudando unos US$7,750.

Siete candidatos -solo una mujer- se disputarán el próximo 5 de mayo la silla que ocupa el presidente Juan Carlos Varela, quien hace pocos días se ufanó que su gobierno (2014-2019) hizo gala de “transparencia” en todos los aspectos, incluida la infraestructura, y que en los próximos meses inaugurará obras por “más de US$3.500 millones”.

El jefe de Estado, a 91 días de concluir su administración, como sus antecesores, “corre” a inaugurar cuanta obra pública pueda, incluso se espera que abra la segunda línea del metro de la capital el próximo 25 de abril, casi coincidiendo con la fecha en la que su antecesor, Ricardo Martinelli, inauguró la línea uno, el 14 de abril de 2014, ambos en vísperas de elecciones generales.

 

La apuesta por la 

transparencia

El jueves pasado, en la apertura de una carretera en la provincia central de Los Santos, Varela dijo estar “tranquilo porque gracias a una gestión de gobierno honesta y a procesos de licitación y contratación transparentes” ha logrado entregar “a las comunidades más humildes las obras que tanto necesitan para integrarse al desarrollo y crecimiento económico”.

Varela también resaltó que en los próximos meses concluirá “con transparencia” obras de infraestructura cuya inversión supera “los US$3.500 millones”, que incluyen la línea 2 del metro por US$1.800 millones, a cargo del consorcio conformado por la brasileña Odebrecht y la española FCC.

Esta línea del suburbano, el único de Centroamérica, operó parcialmente en enero pasado durante la Jornada Mundial de Juventud (JMJ), que atrajo a miles de visitantes de todo el mundo para escuchar al papa Francisco.

El 29 de abril próximo, dijo el presidente, también se pondrá en operación la nueva Terminal 2 (T2) del aeropuerto internacional de Tocumen, el principal del país y un importante centro regional de conexiones, una obra de unos US$800 millones a cargo de Odebrecht.

Ambas obras fueron dejadas para iniciar por Martinelli.

El Centro de Convenciones Amador, con coste de US$195 millones y a cargo de un consorcio liderado por China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) será inaugurado en mayo próximo, de acuerdo con los anuncios presidenciales.

“Por nuestro Canal pasan alrededor de 230 cruceros al año, con cerca de 500.000 turistas que no tienen un puerto donde bajarse para conocer nuestra ciudad. Con la nueva Terminal de Cruceros de Panamá, a partir de septiembre, cientos de miles de turistas podrán visitarla”, afirmó Varela en un mensaje en Twitter.

El centro de convenciones y la terminal de cruceros tiene un costo global de US$358 millones, según los datos oficiales disponibles.

Varela también inaugurará el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), el primero de su clase que tendrá el país y con costo de US$200 millones, con capacidad para 5.000 estudiantes.

Y se salvó el próximo mandatario que no le dejaron ya el paquete armado de la línea tres del metro a La Chorrera, por otros US$3.000 millones por el puente sobre el Canal de Panamá que hay que levantar, ni el “tren bala” Panamá-David, por otros US$4.000 millones, ambos proyectos ambicionados por China.

Sin mucho análisis, es fácil concluir que la pesada carga del servicio de la deuda pública va a condicionar a la próxima administración panameña, que tendrá que recurrir a la fórmula de refinanciación de los empréstitos o a nuevas emisiones si las condiciones del mercado se lo permiten, ahora que las calificadoras mejoraron la calidad de riesgo país.

Un total de US$1.579 millones, poco más del 10 por ciento del presupuesto de 2019, será lo que destine Panamá este año al servicio de la deuda, otros US$1.128 millones se destinarán a la amortización del capital, o sea que casi el 20 por ciento de todos los ingresos del Estado servirán para cubrir parte de lo ya gastado por los anteriores gobiernos.

Los candidatos, seis conservadores y uno de izquierda, en lo que va de la campaña electoral han ofrecido el oro y el moro, pero no todos han precisado cómo lo van a financiar, para “vender” su oferta de plan económico para los votantes, poco más de 2 millones de personas.

El más radical, Saúl Méndez, del izquierdista partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), dijo que su plan económico, de llegar al poder, apunta a la financiación del sector primario y secundario, porque “generan la mayor cantidad de mano de obra”, y la “recuperación de activos estratégicos que son de todos los panameños”.

 Méndez se refería a estatizar servicios como telecomunicaciones, electricidad, puertos concesionados, “no con expropiaciones” sino esperando que los contratos lleguen a su vencimiento para no renovarlos.

Desde su perspectiva, los servicios privatizados, desde 1995, “han expoliado” a la población, con altos precios, mientras sus contribuciones al Erario han sido mínimas.

Aparte, apunta a que cese la actividad de Minera Panamá, porque el contrato ley que estableció esa concesión “ha sido declarado ilegal” por la Corte Suprema de Justicia, cuestión que está a punto de cambiar si se pasa una nueva ley que legitime los US$6.000 millones que Quantum, la minera canadiense, ha destinado a ese proyecto, que en las próximas semanas hará su primera exportación de cobre desde Donoso, en la provincia atlántica de Colón.

Méndez incluso ofrece radicalizar la recaudación de impuestos para acabar con la evasión y hacer una “reforma fiscal progresiva” para que “los que ganan más paguen más”.

La oferta conservadora

Los otros seis candidatos, los independientes Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Marco Ameglio; José Blandón, del oficialista Partido Panameñista (PPa); Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Rómulo Roux (Cambio Democrático) han presentado ofertas de reactivación de los pilares de la economía : la logística, el turismo, la exportación, la agroindustria, la plataforma de servicios financieros, etc.

Por ejemplo, Roux ofrece dar nuevos subsidios a las madres solteras, y tolerancia cero a la corrupción, sin distingo de ninguna clase, reformar la ley de contrataciones públicas para dar más transparencia a los procesos, promover el gobierno digital e impulsar reformas constitucionales que mejoren la administración de justicia.

Cortizo no se queda atrás, ya lleva varios centenares de promesas lanzadas, para todos los sectores, aduciendo que hará “el buen gobierno”, y solo se ha referido a reactivar el turismo, tanto para la capital como el interior del país.

“Este país tiene muchas necesidades insatisfechas en materia de salud, medicamentos, agua, educación, seguridad, pero tengan la plena seguridad que apostaremos al turismo pues es una de las industrias que más empleo puede generar en todo Panamá”, manifestó, aunque no ha publicado aún su plan de gobierno completo.

Su plan de acción para el turismo está basado en 4 pilares: invertir en la promoción del país, fortalecer la capacidad institucional de la ATP, mejorar los productos turísticos y tener infraestructura, mantenimiento y servicios básicos.

Cortizo si ha prometido pagar lo más rápido posible los mil millones de dólares que según sus datos, Varela le adeuda a los proveedores, para “poner dinero en la calle” que ayude a reactivar la economía.

El oficialista Blandón, que ha tomado distancia de Varela, ofreció eliminar el control previo de la administración pública, porque “no garantiza transparencia; en cambio, aumenta la burocracia”.

También dijo que destinaría el 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) a innovación y tecnología, para modernizar la gestión pública; también ofreció derogar el control de precios de productos de la canasta básica que estableció Varela en los últimos cinco años.

“Es fundamental restablecer un diálogo permanente y institucionalizado entre el sector público y el sector privado en donde el presidente de la República debe darle la cara”, dijo Blandón.

Está de acuerdo en una “profunda transformación” a la seguridad social panameña para hacerla eficiente, pero descartó “despidos masivos” para reducir su plantilla de 20.000 trabajadores, porque su idea es impulsar un plan de “retiro voluntario” y las vacantes, de no ser necesarias, quedarán desiertas.

Marco Ameglio resumió su propuesta en reformar el sistema educativo, revisar los incentivos o subsidios, eliminar la burocracia y la tramitología y revisar la Ley de Contrataciones Públicas. De ganar, aumentaría el umbral de la deducción para el pago del impuesto sobre la renta hasta los 1.500 dólares mensuales, para beneficio de la clase media.

También ofreció reducir el impuesto corporativo, de un 30 a un 24 por ciento, para estimular a los empresarios a invertir más en el país, según su perspectiva.

Ameglio dijo que los gobiernos “han tenido miedo” por los “costos políticos” que conllevan de implementar reformas a entes como la Caja de Seguro Social, que incluso debe ser elevada a rango constitucional para que su administración sea autónoma, lo mismo que los servicio de agua potable y la educación, para que funcionen “calcando el sistema corporativo de la Autoridad del Canal de Panamá” porque “es una operación exitosa”.

Ana Matilde Gómez, diputada en ejercicio apostó por seguir con la digitalización del Gobierno, porque “se inventan procesos para luego pedir favores”. También criticó el estudio de factibilidad del tren Panamá-Chiriquí, obra a la que no se opone, pero “no con un estudio que tiene gente relacionada con Odebrecht”.

La candidata llamó la atención que el 20% más rico de la población recibe el 54% de las riquezas y el 20% más pobre sólo recibe en su conjunto el 3%.

Se enfocó, a modo de ejemplo, en el potencial de la Zona Libre de Colón (ZLC), la más grande del hemisferio, para “convertirse en un Amazon o eBay” para Latinoamérica y propuso explorar actividades “más allá de la reexportación”.

“El Estado tiene que asumir, invertir, en la plataforma que hay que diseñar para que Zona Libre sea un gran Amazon, un gran eBay, hay que reconvertir” el puerto franco, ubicado a orillas del Mar Caribe y a un costado del Canal de Panamá. 

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