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La morosidad en el pago de la Tasa Única…¿cómo impacta?

29 enero, 2018 • Legal y Tributario

Mayra Rodríguez

Consultora

En el pasado 2017 fueron emitidas algunas resoluciones y normativas por parte de la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Economía y Finanzas, entre ellas, la Resolución No.201-5610 del 15 de septiembre de 2017, por medio del cual se hace pública la lista de personas jurídicas con una morosidad de tres (3) años consecutivos del pago de la Tasa Única, en cumplimiento con lo dispuesto en los parágrafos 2, 3 y 4 del artículo 318-A del Código Fiscal, reformado por algunas leyes, entre ellas la Ley 52 del 27 de octubre de 2016.

 En el artículo 318-A del Código Fiscal se establecen algunas medidas restrictivas sobre la cual debemos verificar el estatus actual de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, así como cualquier otra persona jurídica para conocer si las mismas están al día en el pago de la Tasa Única.

En el mencionado artículo del Código Fiscal se establece la suspensión de los derechos corporativos de dicha sociedad y que pueden tener algunos efectos como:

Imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos.

Imposibilidad para hacer reclamos o ejercer algún derecho.

Imposibilidad para realizar ninguna actuación corporativa que resulte obligatoria para la persona jurídica.

No obstante a lo enumerado anteriormente, una vez inscrita la suspensión de la persona jurídica por el Registro Público, la persona jurídica tendrá dos años de plazo para ser reactivado.  Si pasados los dos años el Registro Público y se mantiene el mismo estatus de la Sociedad,  se deberá proceder con la cancelación definitiva y como consecuencia, ésta se entenderá como disuelta definitivamente con todos los efectos jurídicos que ello conlleva.

Ahora bien, la Dirección General de Ingresos tendrá que remitir los reportes de morosidad ante el Registro Público informando sobre aquellas personas jurídicas que se encuentran morosas por 3 años consecutivos, el cual deberá publicar y promover su difusión con el objetivo de que el Registro Público proceda a la suspensión que mencioné anteriormente.

Debo resaltar el rol que ejerce el Registro Público ante la comunicación de la Dirección General de Ingresos, en cuanto a suspender a la persona jurídica ya que dicha sociedad tendrá una marginal, la cual limitará a la misma a ejercer sus derechos corporativos.  

Recordemos que en el año 2016 se publicó la Ley 52 de octubre de 2016 en la cual se estableció la obligación de mantener registros contables para determinadas sociedades, definitivamente que esto iba dirigido también para aquellas sociedades offshore que, anteriormente a esta normativa, no tenían como práctica llevar sus registros contables.

Así también se establecieron las condiciones en que el Agente residente debía ejercer su responsabilidad no solo ante su cliente, sino ante las autoridades respectivas concernientes a temas relativos a investigaciones de autoridades competentes.    

En la citada Ley 52 también se incluyeron temas de responsabilidad del Agente residente como custodio de acciones al portador y las sanciones respectivas, las cuales inician con un monto de B/.1,000.00 más B/100.00 por cada día en que no haya sido subsanado el incumplimiento a esta Ley.

Debo resaltar que cuando se hayan suspendidos los derechos corporativos, una persona jurídica podrá:

Hacer una solicitud de reactivación.

Gestionar la defensa de cualquier proceso iniciado en su contra.

Continuar con procesos legales instituidos en su nombre antes de la fecha de suspensión.

Adicionalmente a los efectos y consecuencias que puede conllevar la suspensión de una sociedad, también es importante señalar aquellos que como Contribuyentes están obligados ante el actual sistema tributario.  Es decir, pueden presentarse situaciones limitativas ante la Dirección General de Ingresos verbigracia la inhabilitación del NIT (Número de identificación tributaria), resultando que la Sociedad esté limitada a la presentación de declaración de impuesto sobre la renta, ITBMS, emisión de paz y salvos, todo esto último además, generarán multas, recargos e intereses.

El impacto por el incumplimiento de las normativas antes indicadas, es sumamente delicado en cuanto a su operación y vigencia se refiere, por lo que exhorto a todos aquellos que formen parte de una, para que revisen su actual situación ante las entidades correspondientes. 

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