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La presión de la OCDE y las paradojas

10 noviembre, 2014 • Economía

Luis M. Blanco B.
elfinanciero@efpanama.com
El Financiero

El gobierno de Panamá dijo que está en proceso de “re-evaluar” su
estrategia de Estado para satisfacer las demandas de transparencia e
intercambio de información financiera a nivel internacional, “sin
desatender los intereses nacionales”.
Pero, en la reciente reunión en París de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la lectura es que Panamá,
Bahrein, las islas Cook, Nauru y Vanuatu son las cinco jurisdicciones
que se resisten al intercambio automático de información fiscal.
Mientras la Cancillería panameña decía que la OCDE ha establecido como
un nuevo estándar internacional el intercambio de información
automático, desde Berlín se anunciaba que 50 países suscribían un
acuerdo en ese sentido, que dará paso a la creación de una autoridad
supranacional para hacerlo cumplir.
Panamá argumenta que “es todavía prematuro” comprometerse porque el
alcance, metodología, limitaciones y otros aspectos fundamentales no
han sido definidos” para el intercambio automático de información
fiscal.
“El intercambio de información automático genera grandes retos que
tienen que ser evaluados a la luz de la legislación panameña, de los
intereses del país y de la protección de las garantías de los usuarios
de nuestra plataforma de servicios”, acotó el gobierno de Juan Carlos
Varela.
Pero para el responsable de Fiscalidad de la OCDE, Pascal Saint Amans,
la preocupación en particular por Panamá es porque se trata de un
importante centro financiero que por esa condición corre el riesgo de
ser el refugio para operaciones financieras oscuras.
El Acuerdo de Autoridad Multilateral Competente constituye un paso más
en la aplicación de la convención sobre el intercambio automático de
información fiscal.
De las 92 jurisdicciones que ya se han comprometido a aplicar ese
intercambio automático, 58 han anunciado que lo harán a partir de 2017
y las 34 restantes a partir de 2018, por razones políticas o legales,
similar a lo que invoca Panamá.
Paradójicamente, a Estados Unidos nadie lo critica, pese a que hasta
el momento ha preferido firmar acuerdos bilaterales en esta materia.
“Panamá es un país que atrae inversión extranjera por razones
legítimas y debe ofrecer garantías a los usuarios de nuestra
plataforma de servicios.  El país, como tal está dispuesto a seguir
adoptando medidas para fortalecer instituciones que permitan la lucha
efectiva en contra del lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo, asegurándonos que nos preparamos adecuadamente para que la
evolución de políticas de esa naturaleza no genere empobrecimiento
inmediato para nuestro país”, enfatizó el gobierno panameño.
Uno de los escollos es que a Panamá en nada le beneficia el
intercambio automático porque su sistema fiscal es territorial, así
que legalmente no puede perseguir a ningún contribuyente panameño que
deposite fondos en otra jurisdicción, a diferencia de los sistemas
globales de recaudación.
Según la OCDE, el objetivo del acuerdo, basado en las reglas de
intercambio automático de información financiera, es registrar a
partir de 2016 los datos de todas las nuevas cuentas bancarias y
comenzar a intercambiarlos de forma rutinaria desde septiembre de
2017.
Entre los datos que se compartirán están incluidos los saldos, los
intereses aplicados, los dividendos, los beneficios procedentes de
productos financieros y los números de identificación fiscal (NIF).
Argentina, Colombia, España y México figuran entre los firmantes del acuerdo.
Formalmente el Foro Global sobre la Transparencia no contempla ningún
mecanismo de sanción contra los países recalcitrantes, pero el
director de fiscalidad de la OCDE aventuró que conforme mayor sea el
número de que países se comprometan, más difícil será para los
irreductibles seguir atrayendo inversiones.
La OCDE destaca que desde que empezó la movilización internacional en
2009 para un intercambio de datos fiscales ha permitido recaudar más
de 50.000 millones de dólares en una veintena de países gracias a que
medio millón de personas han regularizado su situación ante el temor
de ser controladas.
Recordó que algunas instituciones multilaterales como el Banco Mundial
o el Banco Europeo de Inversiones han establecido protocolos para no
realizar inversiones en los Estados que no respeten este tipo de
obligaciones de intercambio de información para evitar la evasión
fiscal y luchar contra el fraude.

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