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Medidas económicas de Cortizo, entre la contundencia y gradualidad

8 julio, 2019 • A Fondo

Eliminar parcialmente el control de precios, revisar sin saber si se va a paralizar o no el plan de inversiones públicas en marcha, acelerar el impulso de resultados en la aplicación de la ley antiblanqueo, entre otras medidas, divide a analistas y economistas al pasar la primera semana del gobierno de Laurentino “Nito” Cortizo.

El economista Ricardo González, de Panama Economic Insigth, considera que “lo bueno” es que Cortizo tiene “por escrito” lo que está haciendo, en referencia a su plan propuesto, “para saber qué esperar”, pero que lo que pasa “a fondo” es otra cosa y le recomendó “más contundencia”.

“No eliminar el control de precios, solo sacar algunos productos de la lista no es bueno, el comercio está muy golpeado, los supermercados también, se ve como la cadena El Rey cambió de dueños, y hay otra cadena en la misma situación de venta”, advirtió González, “al comercio al por menor no le va bien y es consecuencia de la situación económica”, agregó.

Otra acción que preocupa es el anuncio de la subida de aranceles a algunos artículos importados, por considerarla “contraproducente” y sus efectos “lo pagamos los consumidores si lo que se está haciendo es proteger industrias (panameñas) ineficientes”.

“Eso va a poner en alerta a la Organización Mundial de Comercio, si se percibe que se está acudiendo al proteccionismo para el sector agropecuario, aunque ahora esa es la moda” de los diferentes países, admitió.

Además, consideró que es “un paso atrás” la eliminación de la AUPSA (Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos) porque “se causa zozobra entre los trabajadores que se ven despedidos” con la anunciada división de esa institución entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Agropecuario, aunque consideró que, si no se hacen cambios en las funciones que desempeñaba, “no debe afectarse lo pactado en los tratados de libre comercio o el tratado de promoción comercial con Estados Unidos”.

Para González, la acción de gobierno debe ser contundente, porque Cortizo está “evaluando muchos riesgos y quiere aplicar medidas de manera demasiado gradual y la economía necesita acciones fuertes para reanimarla” porque la encuesta empresarial de Manpower advierte que los empleadores “despedirán personal en el tercer semestre de este año y el producto interno bruto del comercio no crece”.

Respecto a acudir a un préstamo bancario para pagar la deuda atrasada a los proveedores, el experto consideró que esa misma experiencia la vivió en 2008 Estados Unidos cuando enfrentó la crisis financiera para reactivar su economía, “aunque aumenta la deuda que todos pagamos, parece necesario”.

Clamó porque “se continúe” desarrollando el plan de inversiones en infraestructura que dejó en marcha el gobierno anterior y ayudar a la reanimación del estratégico sector de la construcción, porque en estos momentos “hay incertidumbre” al anunciarse que se van a “revisar” los proyectos, sin aclarar si se van a paralizar los procesos, como hizo la administración Varela, y en estos momentos “no hay claridad” de parte de Cortizo sobre qué pasa con la línea 3 del metro.

Para González el regreso de Panamá a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es consecuencia que el país no obtenga “resultados”. “Panamá hace las reformas (a las leyes), pero no ofrece resultados, no hay nada efectivo, se sigue blanqueando dinero en el país y eso lo sabe la Unión Europea, se sigue evadiendo, y eso puede ser vehículo para financiar el terrorismo y las armas de destrucción masiva”, acotó.

Agregó que Francia siente que la evasión fiscal que vive “es por culpa de Panamá”, que en este país “se enmascara algo más grande y no se aplican las leyes”.

El presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Samuel Moreno, explicó que ese gremio ve “que se está empezando con buen paso”, con medidas macroeconómicas a corto y mediano plazo, y sobre la lista gris del GAFI se ha adoptado un “paso sólido” al constituir un equipo especializado que atienda las observaciones del organismo internacional.

Anticipó que la decisión del gobierno de elevar al 75 por ciento el porcentaje que recibe el agro del impuesto FECI, que se cobra en los préstamos, es “acertada, porque anualmente va a inyectar unos 130 millones de dólares a ese sector” para apoyar su reactivación.

Asimismo, valoró que se proponga una ley que de vida a las Asociaciones Público-Privadas, porque serán una fuente de capitales frescos en la economía “y creación de empleo”, en contraste con ciertos sectores sindicales que ya alzaron su voz de rechazo a esta iniciativa, que desde hace años se viene proponiendo.

Los colegiados consideran que el gobierno tiene que hacer uso de “la disciplina fiscal” para enfrentar el déficit que existe en este momento y obtener los fondos para pagar “más de 1.000 millones de dólares” que se le adeuda a los proveedores del Estado, y mantener el pago puntual de las planillas. 

En cuanto al control de precios, Moreno dijo que está bien que se saque algunos productos como el jarrete, porque esa medida en el gobierno pasado “provocó el acaparamiento” y los consumidores humildes no encontraban los que estaban incluidos en la lista de fijación de precio y recomendó que “se vaya estudiando paso a paso cada producto para sacarlos de la regulación” si se justifica.

Desmantelar la AUPSA, desde su perspectiva, no debe incidir en las funciones que debe cumplir los departamentos asignados en otros ministerios, “si se trabaja de manera coordinada”, cumpliendo la normativa zoo y fitosanitaria de inocuidad, cumpliendo “sus funciones apegados a la ciencia”, para que no se conviertan en barreras no arancelarias.

Admitió que también era factible mantener la AUPSA como tal, pero quitando esas operaciones de importador que no le corresponden y demás anomalías denunciadas por los productores locales.

Los economistas colegiados validaron “como un instrumento de política comercial” que el gobierno suba algunos aranceles a productos de importación, previo estudio de la situación, para evitar ser denunciados por alguno de los integrantes de los 24 tratados de libre comercio que Panamá tiene suscritos.

Moreno también advirtió que “hay que dar tiempo, porque los resultados de estas medidas no se verán hasta al menos fin de año o en 2020” porque algunas iniciativas tienen que ser leyes que deben ser presentadas ante la Asamblea Nacional de Diputados.

Por su lado, el economista y catedrático Rolando Gordón ve con buenos ojos las medidas de reactivación económica del gobierno entrante, pero recalcó que “la gente que no espere ver resultados a corto plazo, eso no es así, hay que tener confianza y por lo menos esperar unos 18 meses para evaluarlas, no es de la noche a la mañana que va a ocurrir”.

“No se va a lograr en cuatro meses, pero las medidas para reactivar el agro son buenas, pero la producción no va a aumentar de la noche a la mañana”, reiteró y sí respaldó que se cuide que “las importaciones no coincidan con el periodo de cosechas, por ejemplo la producción de maíz alcanza para tres meses, hay otros nueve meses para importar, lo mismo ocurre con la papa o cebolla (nacional), que no abastece la demanda”, detalló.

Recomendó que se difunda bien, especialmente a los jóvenes, la creación del “leasing” hipotecario que el gobierno de Laurentino Cortizo va a crear, “para que lo aprovechen para adquirir su vivienda”, pues los interese bancarios no han subido en la Reserva Federal, que influye sobre las tasas panameñas y advirtió que el pago a proveedores “no va a reactivar la economía automáticamente, porque mucho de ese dinero lo deben a los bancos”  

Gordón respaldó el retiro paulatino del control de precios, dando tiempo a que la producción local aumente y esperar a que, al menos a partir de 2020, se note y haya competencia en el mercado local.

Advirtió que también se tiene que tomar en cuenta que un recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede “afectar a varios sectores”, como la atracción de Inversión Extranjera Directa y el paso de carga por el Canal de Panamá y sobre la lista gris del GAFI señaló que no se puede descartar que algunos bancos “quiten sus corresponsalías de Panamá”.

Para el catedrático y expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, el aumento de aranceles debe ocurrir “luego de ver bien los 24 tratados de libre comercio” firmados por el país y enfatizó que “lo más importante es no traer importaciones en tiempo de cosecha”.

Gordón dijo que en el gobierno pasado se despidió unas 40.000 personas “y no se notó el impacto en la economía”, por lo que en esta administración prevé que será similar, pero considera que “primero debería activarse la ley de Carrera Administrativa, no esperar al último año de mandato para hacerlo”.

Según el economista, no es necesario desmantelar la AUPSA, “sino hacer que cumpla su función verdadera”, pues se corre el riesgo de que se descoordine las gestiones que realiza. “Se podría corregir, pero hay que poner al frente a alguien capaz”.

Los economistas coincideron en que es positivo que el gobierno de Juan Carlos Varela le dejara al de Cortizo la proyección del marco fiscal a cinco años, porque es una herramienta orientativa  para revisar y corregir sobre la marcha, además que son hechas con apoyo de organismos internacionales.

Dice que el déficit fiscal este año puede motivar una solicitud de dispensa para rebasar el 2 por ciento establecido para el Sector Público No Financiero, aunque quizá ni haya que buscar financiación porque en el segundo semestre de cada año aumentan los ingresos del Estado más que en la primera mitad dado que las empresas públicas mixtas y autónomas pagan sus dividendos.

Gordón abogó porque se aplique una disciplina fiscal suficiente y rechazó que se dé una moratoria tributaria. “La gente tiene que pagar cuando toca, eso es disciplina”, sentenció.

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