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Panamá al borde del infierno fiscal

1 julio, 2019 • A Fondo

Luis Blanco

lblanco@efpanama.com

Las recientes reformas al régimen tributario panameño para cumplir con estándares internacionales llevan a expertos en el tema a augurar que Panamá está lejos de ser un paraíso fiscal y se aproxima más a un “infierno fiscal” que llega al punto de poner a pagar a los familiares de un muerto a “heredar” y pagar los impuestos que este pueda haber dejado pendientes al momento de fallecer.

En Europa se habla del infierno fiscal, por ejemplo en Francia, por las altas tasas de impuestos que pagan sus contribuyentes, una de las razones por la que sus acaudalados mantienen sus fortunas a buen recaudo en verdaderos paraísos fiscales (de baja o nula tributación) desde hace años y que pertenecen a Europa o Estados Unidos, y no aplican las reglas que sí se le imponen a Panamá desde el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y sin embargo, la vuelven a incluir en su Lista Gris de incumplimiento.

En el reciente Foro de Actualización Tributaria destacó la presentación del doctor en derecho Camilo Valdés, quien lamentó la virtual cesión de la soberanía tributaria a los organismos internacionales “y sin embargo nos siguen metiendo en sus listas”, al tiempo que llamó la atención que este año la caída de la recaudación, respecto al presupuesto, es del 24,9 por ciento y que su país marca “entre lo peor” en el Doing Business del Banco Mundial por su pésimo sistema para cobrar el ITBMS, lo que también le ha valido recibir un severo llamado de atención de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), por la alta evasión que se registra.

“Hagamos de todo el  país una SEM (Sede de Empresas Multinacionales) con tasas más bajas, iguales para todos”, así no se crea privilegios ni críticas de ser un paraíso fiscal.

Panamá es uno de los países en donde las empresas “más horas-hombre de trabajo tiene que dedicar para cumplir con los pagos tributarios” y si se le ocurre presentar una petición y recursos legales, “el promedio de espera es de 36 meses” para obtener una respuesta.

En un contexto de desaceleración económica, pérdida de competitividad e inclusión en listas discriminatorias, Valdés ve incomprensible que el 1 por ciento de lo recaudado sobrepasando lo presupuestado en impuestos se reparta entre los funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), mientras aún se le debe a las empresas generadoras eléctricas importantes sumas de dinero del subsidio establecido para no cargar un alza de las tarifas al consumidor.

Abogó porque se redefina el régimen tributario panameño de acuerdo a La Curva de Laffer (representa la relación existente entre los ingresos fiscales y los tipos impositivos, si el impuesto es cero o cien, la recaudación es cero en ambos casos, de acuerdo con este planteamiento).

Para el experto abogado, el país debe preocuparse en recuperar “competitividad” sobretodo en su sector financiero en donde, con tantas nuevas regulaciones, “casi está muerto” el negocio de las sociedades anónimas y no se ha modernizado la regulación para incluir a las fintech y el blockchain, mientras, en contraste, Panamá cobra más impuestos de dividendos que Estados Unidos, Gran Bretaña o Irlanda. “Bajar impuestos aumenta la recaudación y mueve la economía”, sentenció.

Aseveró que la ley del Impuesto de Inmueble durmió más de un año en espera de dos decretos reglamentarios sobre el entuerto conocido como Patrimonio Familiar Tributario, que advirtió son “inconstitucionales” porque establecen una discriminación por el estado civil del contribuyente, viola normas de derechos humanos y “van más allá” de lo que la misma ley establece, como hacer cobros retroactivos, viola la confidencialidad bancaria al obligar a los bancos a revelar el estado del crédito de los cuentahabientes, por lo que abogó por “su derogación” o reformarlos.

Su propuesta es olvidarse del concepto y limitarse a reconocer la “Vivienda Principal” del contribuyente como fundamento para el régimen del impuesto de inmueble.

También criticó la ley que establece la defraudación como delito penal porque el umbral de 300.000 dólares “es muy bajo” y que no se estableció que al funcionario recaudador que abuse se le castigue con agravante del doble de la pena por defraudación.

Cuestionó que el nuevo Código Procesal Tributario, que entrará en pleno vigor el próximo 1 de enero, “eleva a tributo las contribuciones a la seguridad social”, cuando por ley no lo son, hasta ahora, y que no uniforma la prescripción del cobro y pago de impuestos, pues es más larga para poder cobrar (hasta 12 años)  que para reclamar y devolver (5 años), entre otras bellezas.

Que los sucesores o herederos de un fallecido tengan que asumir el pago de los impuestos que éste debía es otra “novedad” del código, cuya elaboración básica fue cambiada “sustancialmente” por “un par de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin someterlo luego a una comisión codificadora” y pasado a la Asamblea Nacional para su aprobación.

Valdés abogó por “fortalecer la jurisdicción tributaria penal, crear en el Ministerio Público fiscalías especializadas y en el sistema judicial los juzgados y tribunales superiores en la rama penal económica.

Definir el concepto de valor catastral y valor de mercado, y establecer una tasa del 0,25 por ciento sobre el valor catastral del terreno para pagar el impuesto de inmueble, es otra de sus propuestas, porque está probado que así funciona mejor en Latinoamérica, como lo constató el experto tributarista Osvaldo Lau.

A la vez instó a crear un ministerio especializado en la defensa de la plataforma de servicios financieros de Panamá y cumplir con los estándares internacionales, pues advirtió que los depósitos bancarios han disminuido al migrar a los paraísos fiscales de Estados Unidos y a Puerto Rico.

Por su lado, Lyda Rodríguez, del Tribunal Administrativo Tributario (TAT), describió las bondades del nuevo código, aclaró que la retroactividad en las recaudaciones solo se va a dar en casos excepcionales, que en general es garantista para el que tributa porque, por ejemplo, se crea la figura del defensor del contribuyente, que por correo electrónico debidamente registrado ahora se podrán hacer notificaciones, además de los métodos tradicionales.

Los peritos al servicio del TAT en todos los casos serán independientes de la Dirección General de Ingresos (DGI) y que del  1 de julio al 30 de agosto próximo se abrirá las inscripciones para que se apunten en el banco de datos de la institución.

Admitió que se requieren “recursos” para poner en marcha el nuevo código, pero lo defendió como un “avance” en la legislación tributaria panameña.

Por su lado, Yamileth Suarez, de Nexia Auditores, listó las normas que han sido reformadas, como la que elimina el pago de impuesto del  5 por ciento cuando se realizan transacciones que no generan ganancias, como pasar un bien al Estado, o una donación a organizaciones.

También que cada contribuyente debe guardar los documentos que prueben una transacción para validar la exención de impuestos en estos casos porque “en la DGI nos rechazan las peticiones”, pese a estar vigentes esas normas y hay que “exigir” se apliquen.

Refirió que la ley de la SEM fue reformada para cumplir con las exigencias internacionales y ahora sí hay que pagar ciertos impuestos, entre otras enmiendas, así como ha pasado con la ley del área especial Panamá Pacífico y la que creó la Ciudad del Saber, que eran vistos por la OCDE y el GAFI con regímenes “perniciosos” que socavaban su base imponible en virtud de las exoneraciones impositivas contempladas.

Luis Camejo detalló una encuesta  realizada por la unidad de investigación de El Financiero que encontró que el 80 por ciento de los consultados desconocían cuántos son los impuestos que se pagan en Panamá, mientras el 67 por ciento siente que se paga “muchos impuestos”, siendo que solo el 17 por ciento de la población paga el impuesto de renta.

El 76,2 por ciento de los consultados considera que el dinero recaudado “se va a la corrupción”, mientras que el 40 por ciento espera que el gobierno entrante mantendrá los impuestos tal cual existen hoy, mientras el 32,7 por ciento confesó que “no sabe” que hará el presidente Laurentino Cortizo al respecto.

El 35 por ciento cree que “todos deben pagar impuestos por igual”, en tanto el 31,7 por ciento sostiene que los que menos ganan deben pagar menos tributos y el 24 por ciento que “los que tienen más, que paguen más” y una abrumadora mayoría del 74,3 por ciento confesó que en su país “se evaden impuestos”, por lo que clamó por una mejor formación tributaria a los panameños para que conozcan que es y para que se usan sus impuestos, además de “mejorar el sistema de recaudación”.

Jaime Carrizo de KPMG explicó que la reforma a la ley SEM para no caer en una eventual lista gris obedece a cumplir con evitar la “Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios” (BEPS, por sus siglas en inglés) al eliminar las condiciones fiscales que privilegiaban su funcionamiento en cero impuestos, garantizando su funcionamiento “real” con la contratación de especialistas en sus funciones trasnacionales, y mantiene las garantías de estabilidad económica por diez años.

El nuevo director de la DGI, Publio De Gracia, asistió al evento y aseguró que la institución será “un facilitador” de la gestión tributaria, pidió colaboración y reiteró que el gobierno “quiere recuperar la confianza” del contribuyente con transparencia y justicia tributaria igual para todos. 

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