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Panamá dará un vuelco a su política migratoria

12 agosto, 2019 • Economía

Luis Blanco

lblanco@efpanama.com

El Gobierno de Panamá dará un vuelco a la política migratoria flexible que se impuso en la década anterior, conocida como “Crisol de Razas”, que le permitió su legalizaron a casi 100.000 extranjeros, sobretodo venezolanos, colombianos y nicaragüenses, y conseguir mano de obra barata a los empresarios.

Los ministros panameños de Seguridad, Rolando Mirones y de Trabajo, Doris Zapata, y la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine, analizan qué fórmula se aplicará para alinear a los actuales beneficiarios de la categoría “Crisol de Razas” a las categorías que existen en la ley de migración de Panamá, que exigen documentos apostillados y contratar un abogado que los represente, además de dinero para un fondo de repatriación.

El endurecimiento de la política migratoria es una decisión del gobierno de Laurentino Cortizo ante la situación de desaceleración económica que vive aún el país, las denuncias de pérdidas de trabajo de los panameños porque los patronos contratan extranjeros pagándoles menos y sin cumplir con las prestaciones laborales, además de las denuncias de tráfico humano y corrupción.

No obstante, hay pocos casos comprobados de abusos laborales, bien porque no prosperan o porque no se denuncian ante las autoridades competentes, lo que sí es evidente que entre 2014 y 2019 la tasa de desempleo subió de un 3,8 al 6,4 por ciento y el empleo informal creció hasta el 47 por ciento de la población económicamente activa, según cifras oficiales. Los casos más publicitados son los de tráfico de personas para prostitución en burdeles clandestinos.

Si bien se tienen que respetar los beneficios adquiridos por los inmigrantes al amparo de los cuestionados decretos, el ministro de Seguridad explicó a los periodistas que “tenemos que decidir a quiénes queremos en este país y en qué categoría, sea inversionistas o profesionales por las razones que nosotros decidamos que le interese a Panamá que un extranjero esté aquí”.

“Hay que eliminar Crisol de Razas y todos sus efectos. Tenemos que hacer una migración ordenada”, afirmaba ya Mirones en 2017, sin siquiera saber que iba a ser ministro.

Sobre un proyecto de ley presentado en ese sentido por la polémica diputada oficialista Zulay Rodríguez, la abogada Carolina Fonseca expresó que “me leí el proyecto de ley y me parece que está bien. Creo que algunos están bravos porque se les va a acabar la mano de obra barata”, en tanto, el ingeniero Mark Harrick señaló que “el proyecto tiene muchos problemas como dejar a personas en el aire. Se debe proponer un proyecto que sí resuelva cada detalle. Como eliminar el crisol de razas que el proyecto no elimina”. 

“Por qué no buscar la solución más simple, eliminar las ferias como Crisol de Razas y aplicar las leyes actuales. Y dejar de inventar direcciones nuevas de migración”, señaló el educador José Luis Figueroa.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez advirtió que “estoy de acuerdo con detener la improvisación en temas migratorios. Creo en un enfoque serio, responsable, y humanista. Debemos proteger los intereses panameños sin caer en xenofobia. Estaré allí para el debate colega”, en un mensaje a Rodríguez, a quien la acusan de promover la xenofobia por sus expresiones insultantes contra los extranjeros en la Asamblea Nacional, donde es la vicepresidenta.

Por su parte, la directora de Migración comentó que el presidente panameño, Laurentino Cortizo, ha ordenado poner fin a Crisol de Razas y las regularizaciones masivas.

“Ya comunicamos que estamos trabajando en la derogación de los decretos que constituyeron a esa categoría especial y por un tiempo específico, lamentablemente es una categoría que permitía que todas las personas que estaban dentro del territorio ilegal pudieran registrarse y regularse, sin aplicar a una categoría existente”, dijo la directora del SNM.

En Panamá se obtiene la residencia mediante las categorías de Visas de países amigos de Panamá, Visa de auto solvencia económica, Programa de Inversionista en Agricultura, Visa de inversionista de pequeña empresa, Programa de inversionista en zona procesadora libre de impuestos, Visa de reforestación, Visa de pensionado en Panamá (jubilado), Visa de trabajo para la Ciudad del Saber, Visa de misionero, Visa de estudiante, Visa de trabajadores especialistas, entre otras.

 Por su parte, la ministra Zapata expresó escuetamente que en la mesa de trabajo buscarán “establecer como padre responsable una política que hable de cada uno de los temas y realmente tener una política migratoria en Panamá”.

Catorce ferias de regularización se celebraron en Panamá entre 2004 y 2019, que paralelamente permitían solicitar el permiso de trabajo, para miles de extranjeros, previo pago de varios cientos de dólares al Estado.

En el Ministerio de Trabajo funciona la dirección de migración laboral, en donde los extranjeros pueden tramitar un permiso laboral en las profesiones que no son de ejercicio exclusivo de los panameños, en un proceso que normalmente dura diez años hasta que el foráneo puede tramitar un permiso indefinido, si cumple con los requisitos legales, que también son tramitados mediante abogado.

Mirones agregó que también se va a revisar la estrategia de “flujo controlado”, creada en coordinación con Costa Rica, por la masiva entrada de extracontinentales y caribeños que llegan desde hace unos cinco años a pie por la selva del Darién y tienen como destino los Estados Unidos.

 Esta ola de migrantes, que en su momento llegó a concentrar hasta 40.000 personas entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua, ha obligado a Naciones Unidas a participar en el proceso de atención humanitaria a esas personas, luego que los nicaragüenses cerrarán su frontera al paso de esta oleada, creando una “olla de presión” que fue propagándose hacia el sur, al hacer lo propio costarricenses y panameños, quedando cientos de personas varados en medio de la intrincada selva del Darién del lado colombiano.

Finalmente el anterior gobierno de Juan Carlos Varela decidió establecer un plan de asistencia humanitaria a los migrantes levantando refugios en Darién y en Chiriquí, con lo que se pudo controlar el flujo hacia el norte, en una coordinación entre los tres países para dosificar el paso de los extranjeros para continuar su viaje a su riesgo.

No hay registro de cuántas personas han muerto en la ruta de migrantes, solo testimonios de sobrevivientes que dicen haber visto cadáveres en ríos o montañas, y en enero pasado se reportó el vuelco de una lancha en el Chocó colombiano con 34 ocupantes, de los que 19 murieron ahogados, en su camino a Panamá.  

El general Oscar Atehortua, jefe de la Policía Nacional de Colombia manifestó en ese momento que 210 migrantes procedentes de Angola, Congo y Bangladesh, entre otros, fueron embarcados hacia Panamá el pasado 28 de enero, en siete ‘pangas’ (embarcaciones informales) que no contaban con las medidas de seguridad necesarias. Ocho traficantes fueron detenidos posteriormente en el poblado de Capurganá.

Gozaine explicó recientemente que en Panamá existen dos tipos de inmigrantes: los que vienen y desean quedarse y los que solo pasan por el país rumbo hacia su destino final.

“Gracias a nuestros datos biométricos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, se reciben alertas cada 10 a 20 minutos de personas que están siendo buscadas”, puntualizó la directora.

Detalló que hasta momento en el país hay 2.000 migrantes en albergues, distribuidos así: en Chiriquí 800 y 1.200 en Darién, para que continúen después con su flujo migratorio.

Panamá impuso la visa estampada a los venezolanos hace más de un año, lo que contuvo el flujo masivo de llegadas de turistas que acababan quedándose acogidos a “Crisol de Razas” y hace pocos días suspendió la tarjeta de turista a los cubanos, limitado también a la visa estampada. A los nicaragüenses que venían por tierra les exige el pasaje de ida y vuelta y una bolsa mínima de viaje de 500 dólares.

El pasado 30 de julio las autoridades de Costa Rica y Panamá desmantelaron una banda de tráfico de personas y detuvieron al menos a 46 individuos durante un operativo conjunto para desarticular una organización que operaba en ambos países dedicada al tráfico de migrantes haitianos, cubanos, africanos y asiáticos.

Los costarricenses llevaron a cabo 36 allanamientos simultáneos en comunidades cercanas a la frontera con Panamá y a la frontera con Nicaragua, en los cuales arrestaron a 36 personas, entre ellas a las supuestas líderes de la banda.

Entre los detenidos había dos mujeres de apellidos Ruiz Umaña y Bejarano Morales, que aparentemente lideraban la operación en la frontera con Panamá, así como otra mujer de apellidos López Martínez, conocida como “Mamá África”, quien dirigía el tráfico de migrantes en la frontera con Nicaragua.

Según la Dirección General de Migración de Costa Rica, en Panamá se hizo 21 allanamientos en la capital y en la provincia occidental de Chiriquí, en los que detuvieron a 10 sospechosos de trabajar como ramificación de la organización delictiva costarricense.

“En la operación ‘Adalid’ participan 24 funcionarios del Ministerio Público y más de 50 unidades (agentes) de la Policía Nacional. Hay ya 10 aprehendidos”, informó el fiscal primero Contra la Delincuencia Organizada de Panamá, David Mendoza, en un tuit publicado en la cuenta oficial de la Fiscalía panameña.

Las autoridades de Panamá desvelaron que los traficantes cobraran a los migrantes hasta 1.500 dólares por atravesar territorio panameño y que les otorgan visas de turista.

Por su parte, las autoridades de Costa Rica informaron que la investigación por este caso comenzó en enero de 2018 cuando la Policía Profesional de Migración recibió información que indicaba que cerca a la frontera con Nicaragua operaba una red criminal dedicada a traficar extranjeros.

La organización cobraba de 7.000 hasta 20.000 dólares, “dependiendo del país de origen, o el perfil de la persona extranjera objeto de tráfico”, explicó la Dirección General de Migración.

La investigación determinó que el grupo traficaba a personas provenientes de Haití, Cuba, Bangladesh, Sri Lanka, Angola, Camerún, Nepal, así como de Angola, India, entre otros.

La organización captaba a los migrantes desde Panamá y se encargaba de movilizarnos de manera irregular a través de Costa Rica para facilitarles su camino hacia Estados Unidos.

Según la investigación, las personas traficadas llegaban al continente vía aérea, utilizando como puerto de entrada alguno de los aeropuertos de Brasil, Ecuador, Colombia o Perú.

En continente americano los migrantes eran captados nuevamente por la organización para movilizarse vía terrestre hasta Costa Rica.

En Costa Rica, la organización criminal movilizaba a los migrantes hasta la frontera con Nicaragua, donde eran recibidos y alojados en “casas de seguridad”.

Posteriormente, los traficantes de personas los movilizaban hasta Honduras o Guatemala por vía marítima o terrestre, en donde eran entregados a otras personas dedicadas al tráfico de migrantes.

Centroamérica es paso obligado de decenas de miles de migrantes procedentes de todo el mundo que, movilizados por el crimen organizado, pretenden llegar a Estados Unidos.

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