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Panamá se pone en marcha para salir de la lista gris del GAFI

4 agosto, 2019 • A Fondo

Luis Blanco

lblanco@efpanama.com

Con algunas diferencias, pero con la misma convicción de que Panamá debe salir lo más pronto de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el sector privado se prepara para participar de esta gestión, mientras el gobierno puso al frente al joven economista David Saied, que por un mes fue viceministro de Economía.

Según dijo el 21 de junio pasado el GAFI, Panamá debe mejorar el intercambio de información financiera y “demostrar capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros”.

El organismo también aconsejó identificar los remitentes de dinero sin licencia y mejorar el monitoreo de las entidades “offshore” (extraterritoriales) de cara a la próxima revisión que tendrá lugar en junio de 2020. Los sectores no financieros (abogados, contadores, corredores de bienes raíces, cooperativas, casinos y otra veintena más) son los que están en la mira del GAFI porque allí no hay resultados, desde su óptica.

La entonces ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que Panamá cumplía 35 de las 40 recomendaciones, o sea el 87%, y recordó que su gobierno recibió el país incluido en la lista gris durante la gestión de su antecesor, Ricardo Martinelli (2009-2014), con apenas 8 % de cumplimiento, lo que les tomó dos años revertir mediante reformas legales profundas. Para el GAFI no es suficiente.

El gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) se ha propuesto salir en un año de la lista y ha sacrificado al viceministro de Economía, David Saied, trasladándolo a la dirección de la comisión que tiene ese reto, y que hasta ahora no tenía cabeza visible, ni plan anunciado.

En el primer mes de gobierno de Cortizo Panamá participó en una reunión del grupo latinoamericano del GAFI, llamado GAFILAT, en donde se confirmó que cumplía ya 38 de las 40 recomendaciones, aunque las dos pendientes son de manejo delicado por la confidencialidad que rodea el manejo de esos asuntos.

Se trata del de “transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y el de transparencia y beneficiario final de otras personas jurídicas”, lo que toca la intimidad de las operaciones de las sociedades anónimas, pues hay que entregar la base de datos, algo prohibido por ley actualmente, pues es el fundamento de la confidencialidad del sistema.

El presidente electo del Colegio de Abogados, Juan Carlos Arauz, dijo a El Financiero que las peticiones del GAFI deben motivar “un amplio diálogo nacional con todos los sectores afectados” y considerar que “la soberanía del Estado es nuestra esencia” porque el camino que se adopte tiene que generar” un consenso suficiente para “impedir presiones para tomar un rumbo, que sea una convicción interna con los distintos sectores que emprendan la movilización para ser competitivos”.

“Eso es muy distinto a seguir las instrucciones de otros, que nos impongan formas de evolucionar en una comunidad internacional, el Estado es autónomo, libre, independiente para determinar sus propias políticas, es nuestra esencia,” reiteró.

Acotó que la coyuntura suscitada por la inclusión en la lista gris “debe traer una reflexión a lo interno de la abogacía, tenemos una ley que es de 1984, por lo tanto el marco normativo es una tarea pendiente en el país, esta situación debe dar como resultado un diagnóstico para mejorar, crecer y que una nueva norma esté más acorde con los tiempos y ser la mejor defensa de la profesión cuando se presenta este tipo de situaciones”.

“Es una gran oportunidad para poder brindar un marco más actual hacer frente a ataques como de los últimos tiempos”, acotó y, una vez el próximo 9 de agosto tome posesión, anunció que será una de sus metas.

Respecto a las gestiones de la comisión para salir de la lista gris admitió no conocer de parte de los dirigentes salientes si han sido convocados a alguna reunión, “pero nosotros tenemos la expectativa de ser tomados en cuenta”.

Arauz dijo que el plazo de un año que se ha puesto el gobierno funcionará si “hay un diálogo con los sectores, para evitar que se transforme en una presión interna, se debe generar puentes de comunicación para crear un plan concreto, cada uno de los actores tiene su perspectiva y debe resguardar sus intereses de modo equilibrado y que sea la búsqueda de la competitividad lo que impulse los cambios”.

Por su lado, el ex presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá Pablo Ureña, asesor de la comisión Nocofin (Normas de Contabilidad Financiera) del Ministerio de Comercio e Industrias, explicó a El Financiero que, en el caso de estos profesionales, tiene conocimiento de que en los primeros días de agosto se celebrará una reunión “que espero sea para abordar esa situación”. 

“Uno de los cuestionamientos, a pesar de la ley que tipifica como delito penal la evasión fiscal, es que no ha habido sanciones a abogados y contadores, me imagino esa reunión debe ser beneficiosa para poner las reglas del juego”, consideró.

A su juicio “el que comete un delito debe ir preso, si no respeta el código de ética de la profesión y su norma, la Junta Técnica debe quitarle la licencia, exactamente debe ser igual con los médicos, los abogados, pero es un problema del país porque todas las profesiones que brindan servicios deben cumplir; debe haber certeza de castigo”.

La ley 23 ordena que el que recibe dinero de terceros debe reportar a la superintendencia y al ministerio, igual los abogados deben rendir un informe de la procedencia del dinero y conocer a su cliente, eso no rompe la confidencialidad, expuso.

Señaló que como dirigente del gremio participó en los esfuerzos de actualizar la ley de contador en Panamá, que data de 1957 “y ha sido imposible”, y ahora desde su participación en Nocofin están tratando de generar mayor comunicación entre la Junta Técnica de Contabilidad para unificar una visión que beneficie al contador y determinar qué principios internacionales de contabilidad son adaptables a la realidad de Panamá.

Aclaró que “tampoco todas las reglas internacionales de información financiera aplican a Panamá, son para países desarrollados, por eso propongo que Nocofin se pronuncie al respecto, porque en 2005 autorizaron a la Junta Técnica de Contabilidad adoptar todas las normas internacionales de información financiera y las normas financieras de auditoría “y no hay divulgación al respecto”.

Al respecto, acotó que la Junta Técnica “es inoperante, se ha manejado muy políticamente, la situación es política, si no hubiera sido por las firmas de auditores que estamos cuestionadas la profesión no tuviera un lineamiento, pero de forma regulatoria no hay un norte para que se busque el beneficio de la profesión en general en la república”.

Señaló que tampoco se conoce que muchas empresas pymes no saben que hay normas que no les aplican, no importa su tamaño, porque no captan dinero del público en bolsa, por lo tanto no tiene obligación de rendir cuentas.

“Nocofin trata de divulgar las normas para pymes, las normas integrales representan inversión, costo, entrenamiento, cambio de sistemas, especialistas, esas normas integrales son para gente o empresas que quieren captar dinero del público y están regulados”, advirtió.

Por esa falta de divulgación, señaló, “hay grupos económicos grandes que invierten en la actualización de las normas que cambian todos los días, en especialistas, en sistemas tecnológicos y que no tiene sentido porque no les afecta”. 

Dijo que la reunión con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, incluye a la Junta Técnica, por lo tanto, espera que lo inviten también. Y a las cuatro asociaciones de contadores que existen en el país.

“La ley se ha quedado atrás, necesita una actualización, hay contadores que se resisten y la contabilidad ha avanzado mucho, los colegios deben aplicar las normas de calidad, para las pequeñas firmas que no tienen capital, el colegio tiene un programa para que se certifiquen que cumplen el código de ética, los principios de conozca a su cliente. Allí se inscriben voluntariamente, se hace un diagnóstico y corrigen sus procesos y puedan competir con cualquier firma grande”, detalló.

La primera inclusión del país en la lista gris del GAFI tuvo varios impactos en la economía panameña, entre ellos la pérdida de más de 70 corresponsalías bancarias.

El superintendente de bancos, Ricardo Fernández, declaró en su momento que las consecuencias de esta nueva incorporación serán menores porque el país ha hecho un avance “sustancial” y prueba de ello, dijo, es que ya se han recuperado las corresponsalías bancarias pérdidas en 2014.

“Puede tener un impacto en el costo de fondos, que se puede encarecer por el riesgo país, y otros costos asociados en la parte operativa”, apuntó Fernández.

El sector financiero panameño lleva varios años bajo vigilancia de distintos organismos internacionales por su supuesta falta de transparencia, sobre todo después de la primera inclusión en la lista gris del GAFI y del escándalo de los papeles de Panamá.

En abril de 2016, cientos de medios de comunicación publicaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para gestionar su patrimonio a través de sociedades “offshore” y presuntamente evadir impuestos, lo que ocasionó caída de funcionarios, detención de otros y el procesamiento de otros.

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