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Panamá se suma a la persecución de evasión fiscal

10 junio, 2019 • Finanzas

Panamá recién se sumó plenamente al club de países que  practican el intercambio automático de información financiera con fines fiscales, una regla que ha permitido recaudar más de 95.000 millones de euros (106.970 millones de dólares) en impuestos y sanciones en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del G20 entre 2009 y 2019, según las cifras actualizadas publicadas el viernes.

Eso significa que desde el último informe presentado en noviembre la recaudación gracias a ese dispositivo diseñado para impedir la evasión fiscal con cuentas de residentes en el extranjero se ha incrementado en 2.000 millones de euros (2.240 millones de dólares) precisó en un comunicado la OCDE.

Es que el pasado miércoles apareció en la Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 53, que entró en vigor al día siguiente, mediante el cual se lista 74 “jurisdicciones reportables para los reportes a realizarse en el año 2019, sobre información respectiva al periodo fiscal 2018”.

Una idea de la magnitud de este compromiso la da el informe de la OCDE, en donde detalla que las más de 90 jurisdicciones implicadas en esta iniciativa en favor de la transparencia global han intercambiado información sobre 47 millones de cuentas en las que había 4,9 billones de euros (5,48 billones de dólares) en fondos.

La idea del intercambio automático de información impulsada por la OCDE, resultado de más de dos décadas de trabajo contra la evasión fiscal, se ha activado a través de 4.500 acuerdos bilaterales.

No se trata de impedir la detención de cuentas en el extranjero, pero sí de garantizar que se declaran a la administración en la que tiene la residencia fiscal su titular.

Según la organización, los depósitos bancarios en 40 centros financieros internacionales aumentaron sustancialmente entre 2000 y mediados de 2008, cuando llegaron a los 1,6 billones de dólares.

Esos fondos se han reducido en los últimos diez años en 551.000 millones de dólares (un 34%) conforme esas jurisdicciones se han adherido a estándares internacionales de transparencia más estrictos.

De acuerdo con la OCDE, una caída de entre un 20 y un 25 % del dinero en ese tipo de cuentas en esos centros financieros se debe a la puesta en marcha del intercambio automático.

Una parte podría haber sido repatriado a los países donde residen los titulares, pero otra podría haberse desviado hacia jurisdicciones opacas para mantenerlo oculto al fisco.

El secretario general de la organización, el mexicano Ángel Gurría, se felicitó por los “resultados concretos” que se van a obtener en los próximos años en recaudación para las arcas públicas y se mostró convencido de que en el futuro las cifras serán todavía mejores.

En el caso de Panamá, que ha enfrentado una férrea persecución de la OCDE para que se alinie con los estándares mundiales, so pena de ser aislado su sistema financiero al considerarlo un paraíso fiscal, la ruta para cumplir empezó en 2016, cuando emitió la Ley 51 que define qué “jurisdicción reportable es aquella con la que exista un convenio y que esté identificada en la lista que, para tales efectos publicará el Órgano Ejecutivo”.

Esa norma estableció el marco regulatorio para la implementación del intercambio y define que las instituciones financieras panameñas sujetas a reportar quedan “obligadas a llevar a cabo procesos de debida diligencia y tienen la obligación de reportar ante la autoridad competente, la información recabada”

Luego el 23 de febrero de 2017 se publicó la Ley 5 que aprobó la adhesión de Panamá a la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Material Fiscal, hecha en Estrasburgo en 1988 y enmendada en París en 2010, con lo que se comprometió “con el intercambio automático de información financiera para fines fiscales, de acuerdo con el Estandar Común de Reporte (“Common Reporting Standard”) promovido por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales.

El entramado legal continuó con dos decretos ejecutivos más sobre aspectos procedimentales y el cumplimiento de la transparencia fiscal “basada en el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del Foro Global y los socios relevantes”, lo que incluye que tengan un marco legal y sistemas tecnológicos que garanticen “la confidencialidad y la protección de la información que será intercambiada de forma automática”.

La “cereza en el pastel” fue la suscripción, en enero de 2018, del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes, que hizo la Dirección General de Ingresos en representación de Panamá “para mejorar el cumplimiento fiscal internacional”, basado en “un intercambio automático recíproco”, lo cual abre la posibilidad de que el país centroamericano pida información a estas jurisdicciones sobre contribuyentes panameños.

La ista incluye jurisdicciones en América, Asia, África, Europa y Oceanía (ver Gaceta Oficial 28789-D).

El tema panameño se publicitó justo en vísperas de la reunión que los ministros de Finanzas del G20 celebraron en Japón el pasado fin de semana, en donde dieron luz verde a un nuevo plan de trabajo para el sistema fiscal internacional, advirtió la oenege internacional Oxfam.

Fue la primera vez que los países ricos pusieron sobre la mesa propuestas de reforma radicales que suponen un cambio estructural: dónde deben tributar los beneficios de las empresas y la adopción de un tipo efectivo mínimo en el impuesto de sociedades a nivel mundial.

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