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Penalización fiscal enfrenta al ejecutivo y empresarios

20 noviembre, 2017 • Economía

Los gremios del sector privado se mostraron en contra del proyecto de ley para que Panamá convierta en delito el fraude fiscal y solicitan cambios relacionados a los montos establecidos para que se considere el hecho un delito, así como una discusión más amplia de otros importantes aspectos que contiene el documento.

La discusión no solo se trata de si se incluye como un delito penal la defraudación, también si se incluye como antecedente de lavado de dinero.

La norma a la que Panamá se está acogiendo por lo que algunos consideran imposición internacional y otros tendencias hacia mayor transparencia, estaría siendo llevada antes de fin de año para su aprobación a Gabinete y posterior discusión en la Asamblea Nacional a principios del próximo año cuando empiece a sesionar nuevamente ese órgano del Estado. El gobierno panameño sostiene que antes de su aprobación  la norma será ampliamente consultada.

Pero también está el riesgo que de no avanzar en el tema Panamá podría caer nuevamente en una lista de países no cooperantes (lista gris) lo cual traería complicaciones para el sector financiero que se traducirían en aumentos de costos para todas las actividades, entre otros riesgos.

Entre las recomendaciones que el sector privado estará haciendo está el tema de los montos de defraudación para que se considere delito, el borrador de la ley indica que deberán ser de US$300.000 en adelante, el sector privado podría estar solicitando que sea más de US$500.000, pero más allá de esto también les preocupa la interpretación, la discrecionalidad y la definición de roles.

Héctor Cotes presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) dijo a ANPanamá que  para que exista fraude debe existir dolo (intención) y les preocupa quién estará determinado esto, también les preocupa que si los procesos de recaudación que si estos no son eficientes qué pasaría si se trata de un tema de que no pudiste pagar o si no quisiste pagar.

Los empresarios en general han señalado la preocupación que de aprobarse esta ley pueda ser utilizada como herramienta política.

Cotes indicó que entienden que es un tema que viene de afuera y tendría repercusiones en las corresponsalías (envío y recibo de dinero y líneas de crédito) , en las tasas bancarias y reputación.

“Entendemos las repercusiones” dijo  añadiendo que consideran que se puede mejorar el proyecto y en su opinión personal no se opone al mismo.

“En el caso de Apede, debemos ver que dado el impacto que tiene esto podemos aprovechar el anteproyecto para que funcione y que al final podamos cumplir con los requerimientos de acuerdos internacionales y Gafi y que no sea lesivo para los intereses del país” afirmó el presidente de Apede.

Pero aclaró que para los organismos internacionales es un tema de “poner un ganchito”, sin embargo, el proceso se queda localmente.

El grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) está evaluando a Panamá en temas de efectividad  en normas de prevención de lavado de dinero y han señalado que “En Panamá los delitos fiscales no están tipificados como delito base ni como determinantes de lavado de activos, lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de Activos , e impide prestar una adecuada cooperación en los pedidos recibidos del exterior cuyo delito determinante se vincule con el delito fiscal” de acuerdo con información a la que tuvo acceso ANPanamá.

Panamá estaría esperando que antes que concluya el proceso de evaluación en diciembre de este año poder presentar al menos la ley aprobada por el Gabinete.

Apede dedicó su Foro Económico 2017 a analizar la Penalización del Delito Fiscal y sus Implicaciones en el país en la que participaron expertos en el tema.

Entre las propuestas que surgieron está tener un código tributario, porque allí se estarían planteando los deberes y derechos, igualmente se plantearon importantes retos como educación y la falta de especialistas en el sector judicial por ejemplo.

En el caso de Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) también estarán haciendo públicas sus recomendaciones y señalan que  “No estamos de acuerdo que los delitos tributarios o fiscales, se constituyan en precedentes del lavado de activos, toda vez que no consideramos que el país esté preparado institucionalmente para ello.

Conep indica que es por esto que se puede prestar para ser mal utilizado con fines políticos o de cualquier índole diferente al fin que persigue este Anteproyecto. Agregan que el mismo Anteproyecto tiene fallas y requiere ajustes necesarios para organizar y reforzar la institución que estaría a cargo, “por lo que flaco favor le haríamos sobre cargándola además con otro delito de tan alto nivel, sin estar debidamente preparada siquiera para lo primero”.

En la carta hacen varios señalamientos como cambios en los textos y nombres entre estos el concepto de fiscal , el sector empresarial indica que es más conveniente tributario. El monto  mínimo establecido también se sugieren se incremente.

“En cuanto al atenuante, el umbral de US$300,000.00, es muy bajo a nuestro parecer y pudiera prestarse para fines de persecución política; por lo que insistimos en que debe aumentarse” indicaron. 

AN Panamá

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