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Proyecto de ley de defraudación impone cárcel hasta 5 años

4 diciembre, 2017 • Economía

El proyecto de ley que busca penalizar la defraudación fiscal con el propósito de cumplir con exigencias de organismos financieros internacionales, fue aprobado por el Consejo de Gabinete en sesión extraordinaria.

El proyecto fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Dulcidio De la Guardia y, según el MEF busca proteger el sistema financiero del país. En un reporte de la institución indica que la aprobación se logra luego de varios meses de debate. 

El proyecto de ley adiciona el Capítulo XII “Delitos contra la Hacienda Nacional”, al título VII del Código Penal, que comprende los artículos 288-G, 288-H, 288-I, 288-J y 288-K y dicta otras disposiciones”. 

En el proyecto de ley, que será presentado en el próximo período de la Asamblea Nacional por el ministro De La Guardia, se incluye la defraudación fiscal en el Código Penal a fin de evitar que el sistema financiero sea usado para el blanqueo de dinero. 

En la iniciativa se estipulan sanciones de 2 a 5 años de cárcel y multa de hasta 10 veces el importe defraudado a las personas que en beneficio propio o de un tercero, con la intención de defraudar a la Hacienda Nacional, simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo en parte los tributos. 

Además, señala que se considerará defraudación fiscal cuando en un período fiscal el monto defraudado sea igual o superior a los US$300,000

El proyecto de ley también establece que se eximirá de pena a quien pague el monto de la obligación tributaria defraudada y sus accesorios formales en forma incondicional y total, antes de la sentencia de primera instancia. Este beneficio se otorgará por una sola vez por cada persona natural o jurídica.

Gremios empresariales se han manifestado en contra de esté proyecto de ley y objetan algunos de sus artículos. Por ejemplo, sostienen que se debe aumentar a US$500 mil el monto considerado como defraudación fiscal.

Otro aspecto que cuestionan es el apuro del gobierno por aprobar esta ley, si el sistema fiscal panameño es territorial. Sostienen que se debe debatir más esté tema.  

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