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Rechazan proyecto de ley de Código de Ambiente

25 marzo, 2018 • Economía

Las empresas mineras mostraron su rechazo al proyecto de Ley 485 que expide el Código de Ambiente de Panamá y solicitaron que el mismo sea devuelto a primer debate para una mejor y amplia discusión.

A través de la Cámara de Panamá, gremio representativo de la naciente Industria de Producción de Metales y de la importante Industria de Materiales de Construcción mostraron su preocupación, por la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 485 por el que se expide el Código de Ambiente de Panamá.

Este Proyecto de Ley, tiene implicaciones y afectaciones muy delicadas y profundas en nuestro sector productivo y además también afecta de diversas formas casi todos los sectores productivos del país, asegura el gremio.

Para los empresario no hubo discusión del proyecto en la Comisión, artículo por artículo, como es el procedimiento habitual de las leyes muy relevantes como es el caso de esta, y como previamente acordado.  Se hizo campaña de divulgación del proyecto y consultas, pero no se llegaron a consensos en diversos y muy delicados temas.

Además, La Ley 378 de 25 de agosto de 2016, que ordena la conformación de una Comisión Codificadora para la elaboración del Código de Ambiente de la República de Panamá, en su artículo dos establece claramente que “El Código de Ambiente de la República de Panamá contendrá todas las disposiciones vigentes en Leyes o Decretos Leyes, al igual que todas las reformas que se le han efectuado hasta la fecha, las demás normas que sean concordantes, con sus respectivas modificaciones y todas las leyes que sean aprobadas con anterioridad a la entrada en vigencia del código”.

“Dado lo anterior, el mandato de la Ley solo autorizaba una recopilación de normas vigentes.  Existe en el documento aprobado un número significativo de Artículos nuevos e interpretaciones de Artículos de las disposiciones vigentes, así como artículos de Leyes aprobadas que no se tomaron en cuenta, materia esta que debe analizarse detenidamente y consensuarse”, dice el gremio.

Por otro lado sostienen que el Ministerio de Ambiente, siendo la autoridad competente, ha manifestado su inconformidad con el texto resultante del Código de Ambiente.  Consideramos que esto constituye una importante señal de que es necesario que se trabaje más en la elaboración y consenso de este Código.

El sector productivo que representamos, ha generado la mayor inversión privada de la historia de nuestro país que asciende a 6,200 millones de dólares en la mina de cobre en construcción y va a exportar alrededor de 2,000 millones de dólares anuales de este metal. También, proporciona la materia prima (arena, piedra y cemento) que es la base primordial para la Industria de la Construcción y el desarrollo de obras de infraestructura y de vivienda de todo tipo.  Adicionalmente, nuestro sector industrial – minero, ha contribuido y seguirá contribuyendo al desarrollo económico y social, así como a generar los mayores beneficios ambientales posibles en las zonas donde opera.

Por tanto, es importante que no se ponga en peligro esta industria, con la aprobación de un Código de corte restrictivo y sesgado en una sola dirección.  Deseamos todos que se haga este Código, pero en base a verdaderos consensos logrados con el manejo por parte de todos los actores involucrados, de información fidedigna y legítima y en los tiempos adecuados.  Para ello, debe retomarse la discusión del mismo en Primer Debate, partiendo del texto base existente y producido por la Comisión Codificadora.

Minera Cerro Quema 

solicita agilizar prórroga de concesión  

Los trabajos de exploración de la Mina en Cerro Quema se encuentra peligro porque el contrato de concesión para estos trabajos no ha sido renovado por el gobierno, aseguran trabajadores y representantes de la empresa.

Se un comunicado dado a conocer, la situación ponen en riesgo los trabajos de residentes de los distritos de Tonosí y Macaracas, ubicados en Los Santos.

Los inversionistas canadienses encargados del desarrollo de la actividad minera en esta obra, aseguran quey no cuentan con seguridad  jurídica, debido a la inacción del Gobierno, por lo que han empezado a reducir gastos iniciando por la mano de obra.

El 25% de la fuerza laboral del proyecto ya fue despedida, lo que lamenta José Luis Cárdenas, vocero de los trabajadores, quien además asegura que es una gran pérdida, porque los moradores de esta área tienen calidad de vida, justamente gracias a esta inversión extranjera.

El director de Campo de la mina, José Bustamante, explicó que “la empresa contaba con una concesión que se venció en febrero de 2017, pero que debía ser prorrogada de manera automática si se cumplía con los requisitos legales y técnicos, y efectivamente se cumplió, pero aún continúan a la espera de la respuesta por parte del Gobierno, desde hace más de 13 meses.

Detalló además que existe  una certificación del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para que la mina, que se encuentra en fase de exploración siga funcionando hasta que se evalúe la concesión; pero esta medida del Gobierno no ofrece seguridad jurídica a los inversionistas.

“El temor es que sigan recortando personal, porque el Gobierno no da ninguna respuesta”,   agregó Cárdenas.

El problema no radica solo en el aumento del desempleo en la zona, sino que trasciende impactando la economía local, tanto es así que los Consejos Municipales de Tonosí  y Macaracas expresaron su preocupación al presidente  de la República Juan Carlos Varela, a través de una  carta;  sin embargo no hubo respuesta, de acuerdo con las declaraciones de Bustamante.

El Director de Campo añade que las autoridades locales y la población tienen temor que la empresa reduzca la inversión, porque esto disminuiría también las obras sociales que  desarrolla en el sitio. 

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