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Reforma a la ley de contrataciones públicas no impide a Odebrecht y FCC licitar

15 julio, 2019 • Economía

Luis Blanco

lblanco@efpanama.com

Queda claro que “en un estado de derecho” las leyes no son retroactivas y, por lo tanto, la esperada nueva Ley de Contrataciones Públicas solo marginará la participación de empresas como Odebrecht o FCC, investigadas por corrupción internacional, si son condenadas en nuevos procesos que sean tipificados como delitos también en Panamá, y nunca desconocerá los acuerdos de delación que hayan suscrito en el pasado con el Ministerio Público panameño.

Así de claro, así de sencillo, es el alcance de la reforma a la ley 22 de Contrataciones Públicas que el ingeniero Gaspar Tarté está explicando a los gremios organizados por encargo del presidente Laurentino “Nito” Cortizo, para tener un “feedback” de los empresarios, antes de depurar el borrador en Consejo de Gabinete y luego presentarlo ante la Asamblea Nacional de Diputados.

El gobierno se reunió en los últimos días a puertas cerradas con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), sin acceso deliberado a la prensa, que luego emitió un comunicado que escuetamente confirmó la reunión que horas antes había “cancelado por problemas de agenda”, también con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y con la Cámara de la Construcción (CAPAC), en donde sí sus anfitriones fueron abiertos a informar los pormenores.

El propio Tarté y su equipo explicaron a los empresarios del sector construcción que la ley 22 primero será retrotraída al estado que tenía hace diez años, eliminando las reformas “que le restaron transparencia” y luego se le propondrán los nuevos artículos que pretenden reforzar los controles, ampliar la participación equitativa a las empresas panameñas y que impedirá participar  a compañías con “amplia incapacidad legal para contratar” y las que hayan sido condenadas en tribunales internacionales “si el hecho es tipificado en Panamá”.

La brasileña Odebrecht, que desde 2017 tiene un acuerdo de delación con el Ministerio Público de Panamá por el escándalo global de corrupción que encabezó para ganar obras públicas, por el que paga a plazos unos 220 millones de dólares al país, y la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) están en el ojo de la tormenta por sendas nuevas investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas y la Policía de Andorra, que pusieron en el tapete otros casos, que señala que pagaron coimas en este país por varias obras, como el Metro de Panamá, construcción de hospitales, del sistema de saneamiento de la capital, etc.

El ministro de Comercio e Industrias,  Ramón Martínez, aseguró a El Financiero que ha recibido “reacciones muy positivas” a la iniciativa de ley y que “el sector privado está esperando estas modificaciones e inversionistas de Estados Unidos y otras naciones que no estaban participando en licitaciones ahora han visto con buenos ojos esta ley de contrataciones pública porque transmite más transparencia y rapidez”.

Cuestionado sobre la proscripción en Panamá de empresas que han sido condenadas internacionalmente por corrupción, aseguró que “eso es parte de la ley, se va a aplicar ese principio”.

En cuanto a las empresas panameñas acotó que la ley les brinda “una oportunidad que antes no tenían, en los proyectos de hasta 7 millones de dólares de construcción y de alimentos, van a tener preferencia las compañías locales”.

Mientras tanto, Tarté explicaba que la enmienda a la ley incluirá cambios como incluir la presentación digital de documentos, la verificación por esa vía del estatus de las empresas licitantes (paz y salvo, etc.), para aligerar los procesos –en costo y tiempo- y la burocracia, pero aclaró que “no se están eliminando requisitos”.

También aseguró que la ley ya contempla las medidas para evitar la división de materia en las compras del Estado, que lo único que hace falta es que se apliquen.

En cuanto a las cuentas por pagar, reconoció el precario estado de la gestión de cobro porque se han encontrado “cuentas no registradas, cuentas parcialmente registradas, cuentas en Tesorería, cuentas en contabilidad, cuentas sin partida presupuestaria, por lo que caen en vigencia expirada” por lo que pidió “paciencia” hasta que se pueda tener todo ordenado.

Refirió que desde hace diez años, desde que concluyó el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) se dejó de usar la herramienta electrónica que tenía esa administración para aligerar los consejos de gabinete con intercambios de puntos de vista que permitían hacer más productiva la aprobación de proyectos. El sistema lo encontraron intacto y sin ninguna actualización, lo que se proponen hacer para utilizar esta facilidad desde los ipad y los teléfonos móviles.

La transparencia se va a dar “desde la convocatoria hasta la ejecución del contrato” para que los ciudadanos puedan enterarse cómo se desarrollan las inversiones.

Aclaró que el techo de 7 millones de dólares para participar las empresas panameñas “no es antojadizo” y obedece a los compromisos internacionales contenidos en los tratados de libre comercio y la normativa de las multilaterales.

Una vez aprobada la ley, se dará seis meses para que la automatización esté en línea y citó como un ejemplo de la digitalización de las licitaciones el proceso aplicado en Chile.

El presidente de la CAPAC, Héctor Ortega, reconoció que los empresarios tenían esas aspiración “hace varios años” y recordó que quieren que la norma “elimine la discrecionalidad del funcionario.

También que la administración de los contratos con el Estado sea ágil y no se produzcan los atrasos en los pagos, que en ese sector superan los 1.000 millones de dólares en la actualidad, y que tampoco se acumulen las licitaciones.

Defendió a las empresas panameñas en el sentido que si tienen “capacidad para hacer grandes obras”.

 Reconoció que el borrador de la ley “es bueno, lo que nos preocupa es la administración de los contratos, la parte de la inclusión en los pliegos de cargos de las empresas tradicionalmente panameñas en proyectos que no han sido construidos en Panamá y que nos den la misma oportunidad de participar que las empresas extranjeras”.

“Vemos con buenos ojos que se digitalice, sino que tiene varios beneficios entre esos ambientales, ahorros de costos, combustible, en esta propuesta muchos de estos documentos que son generados por las entidades del Estado van a ser revisados directamente y digitalmente”, acotó.

Ortega detalló que la ley está eliminando la evaluación separada, “creo es un paso importante, se han mantenido formas de participar como la de mejor valor”, pero “más importante es la voluntad de aplicar las normas, que los pliegos de cargos sean incluyentes; nosotros en la CAPAC tenemos un código de ética, promovemos la transparencia, que las empresas internacionales participen también, son bienvenidos, siempre y cuando en estas licitaciones se den iguales oportunidades”.

Respecto a los pagos atrasados por parte del Estado, el dirigente explicó que “hemos solicitado en estas reformas es asegurar el presupuesto de las obras que se licitan, las deudas tiene implicaciones grandes, no solamente en el contratista, impacta en la economía en general, nosotros somos los contratistas generales, pero hay otros subcontratistas, proveedores de insumos que también se ven afectados”.

“Es importante que los pagos se den a tiempo, implica que las obras no llegan a los ciudadanos, cuestan más así que es importante en estas reformas que los administradores de los proyectos en estas instituciones cumplan con los pagos o las adendas, o con las sanciones que se deben dar a los contratistas”, añadió.

Refirió en relación a las actuales cuentas por pagarle al sector que “el presidente Cortizo a final de mes va a explicarle al país como está recibiendo las finanzas, escuchamos que el Consejo de Gabinete pidió una serie de préstamos, aprobó una emisión de bonos por 2.500 millones de dólares, préstamo al Banco Nacional por 500 millones de dólares y al Banco Interamericano de Desarrollo por 150 millones de dólares para cumplir con los compromisos del año fiscal,  es importante pagarle a los proveedores”. 

Ortega señaló que “hemos hablado de diferentes cifras, son importante, el señor Tarté lo dijo y los hemos explicado, las cuentas por pagar son las cuentas registradas en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también son las cuentas que están en Contraloría, en las instituciones del Estado, son las cuentas que no han llegado al escritorio de las instituciones, entonces es muy difícil cuantificar una cifra exacta, sin embargo, es un monto importante que manejamos”.

El presidente del gremio de la construcción consideró que en el caso de las empresas como Odebrecht que sigue participando en actos públicos en Panamá, con un arranque de pragmatismo expresó que “nosotros tenemos que mantenernos en un marco de estado de derecho, trabajar, participar según el estado de derecho del país, así que básicamente tenemos que respetar eso”.

La CAPAC le ha dado un espaldarazo a las medidas para reactivar la economía anunciadas por el presidente Laurentino Cortizo, en particular aquellas dirigidas al sector de la construcción, entre ellas la propuesta de elevar los beneficios de la Ley de Intereses Preferenciales para viviendas cuyo precio de venta sea de 180.000 dólares.

“Eso permitirá atender un importante segmento de la población conformada por profesionales y clase media, que regularmente no reciben ningún tipo de estímulo o facilidades para la compra de residencias”, reconoció Ortega.

A esa iniciativa se sumó el proyecto de leasing habitacional que facilita la compra de viviendas a familias que no cuenten con recursos para realizar abonos iniciales importantes y que requieren de un procedimiento paralelo para lograr su calificación como sujetos de crédito bancario y obtener préstamos hipotecarios.  

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